“En Castilla y León, con un gobierno de PP y Vox desde hace dos años, hemos asistido al desmantelamiento de las políticas transversales de igualdad en la Consejería de Empleo. Las declaraciones de miembros de Vox sobre las mujeres y la violencia de género, como las que ha realizado el vicepresidente de la Junta, son vergonzantes y no ayudan a visibilizar la situación de millones de mujeres que en este país están siendo víctimas de algún tipo de discriminación solo por el hecho de ser mujeres, sino todo lo contrario”.

El párrafo pertenece al manifiesto difundido para este 8 de marzo por los sindicatos CCOO y UGT en el que lamentan las consecuencias del avance institucional de la ultraderecha, no sólo en el Gobierno autonómico, primero en el que se implantó un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, sino en ámbitos locales en los que ambos partidos alcanzaron acuerdos tras las últimas elecciones municipales, como en Valladolid, a cuyo Ayuntamiento ha alcanzado también la controversia por el desmarque de Vox de los actos organizados que prevén el reconocimiento del Ayuntamiento a la actriz Lola Herrera y la Asociación Dialogasex.

El PSOE lo califica de “intolerable”

De “intolerable” ha tildado el Grupo Socialista la penúltima polémica en el Consistorio vallisoletano, referida precisamente a los actos programados para la conmemoración de este día, el 8 de marzo, a cuyo paso salió la vicealcaldesa, Irene Carvajal, del partido de Abascal, afirmando que tenía otras propuestas y que “jamás votaría un reconocimiento así” a la actriz vallisoletana.

Ante lo que considera un “veto”, el PSOE entiende que el nombre de Lola Herrera, Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid, “no puede quedar afectado por la división del equipo de gobierno PP-Vox ante la celebración del Día de la Mujer”.

De hecho, el portavoz de los socialistas, Pedro Herrero, insta al alcalde, Jesús Julio Carnero, a que “ponga fin a este tipo de actitudes” de “repudio” al reconocimiento a la actriz en el que ve “un sesgo totalmente machista”.  

Herrero considera “muy grave” la reacción de Carvajal y, por tanto, no sólo exige respeto a la teniente de alcalde, que además es concejala de Cultura y Educación, sino que responsabiliza a Carnero de la discordia por mantener el pacto con el partido de la ultraderecha, “por su temor a Vox”, y, en consecuencia, de tolerar la conducta.   

Finalmente, reprueba que Vox se haya desmarcado de los actos del 8-M y del reconocimiento del Ayuntamiento a Lola Herrera y la Asociación Dialogasex y afirma que echa en falta esa contundencia en el Partido Popular.

Avance institucional de la ultraderecha que aviva la violencia

Este avance institucional de la ultraderecha, que se ha sentido en las decisiones de las Cortes de Castilla y León negándose a conmemorar días como los de los derechos de los colectivos LGTBI, el día de la mujer o contra la violencia de género conlleva, recuerdan, además, las centrales sindicales, “consecuencias para las mujeres, las personas LGTBI, migrantes, para el sindicalismo de clase, para el diálogo social, el cambio climático, la Agenda 2030; para todo lo que significa avanzar en un mundo igualitario, inclusivo, tolerante y sostenible”.

En concreto, CCOO y UGT denuncian, una vez más, la brecha salarial, las amenazas a los avances en igualdad que suponen estos discursos, y entienden que la violencia contra las mujeres está siendo “avivada por la negacionista ideología ultra que ha hecho del rearme patriarcal una de sus señas de identidad” poniendo, una vez más, las cifras sobre la mesa: asesinadas por su pareja o expareja en nuestro país 58 mujeres el pasado año, una cada 6 días y 3 de ellas en Castilla y León, que dejaron 57 huérfanos, una de ellas en la comunidad autónoma.

A la lucha por la igualdad y contra la violencia machista, concluyen, no ayudan declaraciones como la que lanzó en octubre de 2022 el vicepresidente de Mañueco, Juan García-Gallardo, durante un Pleno en el hemiciclo autonómico, cuando se refirió a las mujeres “desalmadas” que “instrumentalizan” la Ley de lucha contra la violencia de género para obtener ventaja en sus procesos de divorcio de cara a conseguir la custodia de sus hijos.

“España es el único país”, dijo, “que tiene una legislación que crea juzgados sólo para hombres, que ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia, haciendo que los hombres sean presuntamente culpables cuando reciben una denuncia sin fundamento”, por lo que abogó por modificar lo que considera “una ley que es una anomalía en el mundo civilizado”.

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