Si las licitaciones, los anuncios y los trámites administrativos fueran viviendas, la Comunitat Valenciana viviría un boom inmobiliario público. Pero la contabilidad política no siempre coincide con la realidad: el Consell de Carlos Mazón alardea de haber activado 3.000 viviendas públicas en sus dos primeros años de mandato, aunque en la práctica solo se han acabado 190. Esta disparidad entre los titulares del Ejecutivo y los datos oficiales abre un debate sobre el alcance real de las políticas habitacionales de la Generalitat y la distancia entre las promesas y los resultados tangibles.
El relato oficial sostiene que el Plan Vive ha supuesto la puesta en marcha de miles de pisos destinados al alquiler protegido o a la venta a precios asequibles. La cifra de 3.000, repetida en discursos y comunicados, incluye proyectos en licitación, en tramitación administrativa o incluso en fase de adjudicación. La diferencia surge cuando se analiza cuántas de esas viviendas han llegado a ver la luz: tan solo 190 han sido finalizadas y entregadas a la ciudadanía. El grueso de la oferta habitacional anunciada continúa en fase de proyectos o sobre planos, lo que evidencia una brecha entre el discurso triunfalista del Consell y el impacto real en las familias que buscan un hogar.
La única promoción terminada durante estos dos años se encuentra en la pedanía valenciana de La Torre. Se trata de 184 viviendas cuya historia se remonta más de una década atrás: obras iniciadas en 2011, paralizadas por la crisis y que el actual Consell ha rescatado tras verse afectadas por las inundaciones del pasado otoño. El Ejecutivo de Mazón las contabiliza como un logro propio, aunque en realidad proceden de una planificación heredada. Es el ejemplo más claro de cómo la contabilidad política infla el balance real: proyectos antiguos reactivados o procesos administrativos en curso que se venden como “viviendas puestas en marcha”.
El Plan Vive y sus límites
Presentado en abril de 2024, el Plan Vive prometía 10.000 viviendas públicas antes de 2027. El presupuesto global ascendía a más de 7.300 millones de euros, con la idea de combinar la colaboración público-privada, el uso de suelo autonómico y la financiación europea. Un año después, la Generalitat aseguró haber licitado 1.675 viviendas protegidas en Alicante, Valencia y Castellón. También se anunciaron macroproyectos, como el de 611 pisos en Sant Joan d’Alacant, pensados para jóvenes y familias con dificultades de acceso a la vivienda. Sin embargo, la oposición y los colectivos sociales recuerdan que, más allá de los anuncios, el plan adolece de un problema estructural: la falta de suelo público cedido. Según el PSPV-PSOE, seis meses después del arranque del programa “no se había cedido ni un solo metro cuadrado” para nuevas construcciones. La consecuencia es que muchos de los proyectos siguen varados en fases previas y lejos de transformarse en hogares disponibles.
El contraste resulta todavía más evidente cuando se comparan con el balance del Botànic, el anterior gobierno de coalición. De acuerdo con un análisis de Newtral, entre 2015 y 2023 se entregaron 2.407 viviendas públicas en la Comunitat. Es decir, más de doce veces las que ha conseguido finalizar Mazón en dos años, pese a que el president acusa a la etapa anterior de inmovilismo. Esta comparación ha alimentado las críticas de la oposición, que acusa al actual Ejecutivo de practicar una política de marketing habitacional: anuncios rimbombantes, cifras globales que engloban trámites administrativos y un balance real muy limitado.
La clave del debate está en la expresión “poner en marcha”. Para el Consell, licitar un proyecto o aprobar una adjudicación equivale a activar una vivienda. Para los ciudadanos que buscan casa, en cambio, una vivienda solo existe cuando está construida y disponible para entrar a vivir. Ese desajuste semántico permite al Gobierno autonómico presentar un balance en miles mientras los resultados palpables apenas superan el centenar. La diferencia no es baladí: en un contexto de crisis habitacional y precios disparados, las expectativas creadas desde el Palau de la Generalitat generan frustración entre quienes esperan soluciones inmediatas.
Desde el PSPV-PSOE y Compromís se acusa al Consell de “inflar cifras” y de “vender humo”. También los sindicatos han reclamado mayor realismo a la hora de hablar de políticas públicas de vivienda. “Los anuncios no alojan a nadie”, repiten desde los colectivos de inquilinos, que exigen un calendario realista y recursos efectivos para que los proyectos se conviertan en ladrillos. Mazón, por su parte, defiende su estrategia y acusa al anterior gobierno de “no haber movido un dedo en vivienda pública”. Según el president, el actual ritmo de licitaciones demuestra que su Ejecutivo está marcando un camino diferente, aunque reconoce que los frutos se verán a medio plazo.
El acceso a la vivienda, un reto pendiente
Más allá de la batalla de cifras, lo cierto es que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas sociales en la Comunitat Valenciana. Los alquileres suben, la compra sigue fuera del alcance de muchos jóvenes y la vivienda pública apenas representa un 2 % del parque total, muy por debajo de la media europea. Los próximos años serán decisivos para comprobar si el Plan Vive se traduce en una transformación real o si queda como un catálogo de proyectos sobre el papel. De momento, las 190 viviendas terminadas en dos años contrastan con las 3.000 de las que presume el Consell y con las 10.000 prometidas para final de legislatura.
