Victorino Alonso, empresario minero leonés, es uno de los nombres que aparecen en los Papeles de Pandora, documentos que han salido a la luz tras una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que en España participan El País y laSexta. Así, detallan que el empresario leonés desvió en torno a 25 millones de dólares a una sociedad offshore de Panamá.

Al tiempo que desviaba estas cantidades, Alonso, prácticamente, se declaraba insolvente para no hacer frente a la multa a la que había sido condenado por el daño medioambiental causado por una mina sin restaurar en León o la destrucción de un yacimiento arqueológico en Huesca. Esta no es la única condena judicial a la que se ha tenido que enfrentar.

En concreto, la investigación de los ‘Papeles de Pandora’ destapan que fue en septiembre de 2006 cuando Alonso se identificó con la constitución de la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Esta compañía comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta 2018.

Además, en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que se pasó a llamar en 2009 Watercard Holdings. En 2017, Alonso figuraba como “persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”. En Panamá también cuenta con otra sociedad, en la que tiene un patrimonio de entre 25 y 30 millones de dólares. Se trata de Neilmar Investments, creada el 21 de junio de 2016 y en la que se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”.

Victorino Alonso recibió un año más tarde la primera condena por la destrucción de la Cueva de Chaves, en Huesca, pero no es la única. También fue condenado a pagar 46 millones de euros por sus compañías Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico por la ‘desaparición’ de 577.924 toneladas de carbón de Humosa en Asturias, además de ser condenado por la Audiencia Provincial de León a cuatro años de cárcel y 25 millones de euros por la explotación durante años de la mina a cielo abierto absolutamente ilegal de Nueva Julia.