El elogio machista de Ndongo a Ayuso destapa la red mediática financiada con dinero público por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid

Mientras los medios críticos con la gestión de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida sobreviven sin apoyo institucional, el portal Periodista Digital ha recibido más de 400.000 euros de dinero público en solo cuatro años. Su colaborador más mediático, Bertrand Ndongo, protagonizó este 12 de octubre un episodio que simboliza la connivencia entre poder político y altavoces mediáticos: el elogio machista a la presidenta madrileña en pleno desfile nacional.

El activista ultraderechista publicó en la red X un mensaje dirigido a Ayuso —“Madre mía, cómo está Ayuso”— que desató una oleada de críticas por su tono sexista y servil. No era la primera vez que Ndongo aparecía públicamente defendiendo a la presidenta o atacando a sus adversarios políticos, pero el contexto institucional del Día de la Hispanidad convirtió el comentario en un síntoma de algo más profundo: la cultura de la adulación mediática alimentada con fondos públicos.

Una financiación sostenida con dinero público

De acuerdo con datos publicados por 'El Salto Diario', la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han transferido en conjunto más de 400.000 euros a Periodista Digital desde 2021. El Ayuntamiento de Almeida ha destinado 187.000 euros en ese periodo (37.716 € en 2024; 39.063 € en 2023; 52.481 € en 2022; 57.708 € en 2021). Por su parte, el Gobierno de Ayuso ha aportado 215.749 euros entre 2021 y 2023 (66.087 € en 2021; 54.751 € en 2022; 94.911 € en 2023).

Estas cifras sitúan al medio dirigido por Alfonso Rojo entre los principales receptores de publicidad institucional en la Comunidad de Madrid, por encima de otros portales de mayor audiencia o relevancia informativa. En conjunto, el flujo económico refleja una estrategia de blindaje comunicativo hacia los medios ideológicamente afines al Partido Popular madrileño.

El contraste es evidente. Mientras los portales que apoyan el discurso del Gobierno regional —como Periodista Digital, OK Diario o Libertad Digital— reciben una parte significativa de la inversión pública en comunicación, los medios críticos con Ayuso y Almeida no figuran en los registros oficiales de adjudicación.

Proyectos independientes, digitales y cooperativos que han fiscalizado la gestión sanitaria durante la pandemia, la política de vivienda o las privatizaciones de servicios públicos no han recibido ni un euro en campañas institucionales. La exclusión, según denuncian asociaciones de prensa y expertos en comunicación, rompe los principios de pluralismo y neutralidad que deben regir el uso de fondos públicos destinados a la información.

Del halago digital al ecosistema de propaganda

La figura de Bertrand Ndongo se sitúa en el centro de ese entramado mediático. Habitual en tertulias y colaboraciones de Periodista Digital, el activista se ha erigido en altavoz de un discurso que mezcla provocación y fidelidad política. Su comentario del 12 de octubre no fue un lapsus: fue una muestra del tono complaciente que domina ciertos espacios mediáticos subvencionados, donde la crítica se sustituye por el aplauso.

En un contexto donde la financiación pública se concentra en medios ideológicamente afines, el elogio constante se convierte en una forma de retribución simbólica. Los gobiernos de Ayuso y Almeida no solo financian campañas institucionales: alimentan una red de medios que actúa como caja de resonancia de su relato político y como escudo frente a las voces disidentes.

La publicidad institucional es un instrumento legítimo para informar a la ciudadanía, pero su uso selectivo pone en cuestión la independencia del periodismo. Cuando los recursos públicos se dirigen sistemáticamente hacia medios partidistas, la frontera entre comunicación institucional y propaganda se desdibuja.

La inyección de más de 400.000 euros a Periodista Digital y la normalización de discursos como el de Ndongo durante actos oficiales son, en el fondo, dos caras del mismo problema: la colonización del espacio mediático por el poder político. Una política de comunicación que premia la sumisión, castiga la crítica y debilita la salud democrática en la capital del país.