El 8 de agosto de 2021 marcó un episodio turbulento en la política regional murciana, cuando la moción de censura impulsada conjuntamente por el Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y Ciudadanos fracasó estrepitosamente. La inesperada ruptura de la disciplina de voto por parte de tres diputados de Ciudadanos, formación hoy extinta, frustró la maniobra que pretendía desbancar al presidente autonómico, Fernando López Miras.
Ese mismo día, Francisco Lucas, entonces portavoz socialista en la Asamblea Regional y actual secretario general del PSRM, realizó unas declaraciones que generaron un fuerte impacto mediático y político. Acusó a López Miras de ser el “capo de la banda de mafiosos que ha corrompido las instituciones”, y aseguró que el Partido Popular había “comprado a tres tránsfugas”, a los que se sumaba el presidente de la Asamblea Regional, “que ha vendido a la Región y ahora pretende callar al PSRM y a nuestro secretario general”. Según Lucas, su partido buscaba únicamente “regenerar la mancha que está dejando López Miras con el cobarde silencio de Alberto Castillo”.
Estas manifestaciones llevaron al presidente murciano a presentar una demanda por vulneración del derecho al honor, solicitando una indemnización de 30.000 euros. Según su defensa, las palabras de Lucas dañaban su imagen pública y socavaban su autoridad institucional. La suma reclamada, en caso de ser concedida, sería destinada a la organización benéfica Jesús Abandonado.
Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lorca ha fallado en contra de López Miras, desestimando la demanda. El magistrado encargado del caso consideró que las declaraciones de Lucas, si bien duras, “no corresponden al único fin de desprestigiar al demandante”. Argumentó que, dado el contexto político en el que se realizaron y la condición pública tanto del emisor como del destinatario, las palabras podrían estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
Desde el PSRM, la resolución judicial ha sido recibida con entusiasmo. María Jesús López, secretaria de Organización del partido, calificó el fallo como “un varapalo” al presidente autonómico. Acusó a López Miras de haber intentado “amordazar” a su partido y en especial a Francisco Lucas, con una demanda que, a su juicio, buscaba “silenciar a quienes no se someten a los intereses del PP”. “El transfuguismo es corrupción”, reiteró, apuntando directamente a la maniobra de López Miras tras la fallida moción de censura y asegurando que el PSOE seguirá defendiendo “la regeneración de las instituciones frente a un Partido Popular que las ha corrompido”.
Francisco Lucas también reaccionó a la decisión judicial a través de sus redes sociales, donde expresó su satisfacción por el resultado y reafirmó su compromiso con la “libertad de expresión”, la regeneración democrática y los intereses de la ciudadanía.
Desde el Partido Popular, las reacciones fueron de signo opuesto. En declaraciones recogidas en otros medios, Miriam Guardiola, portavoz regional del PP, reprochó a Lucas que “se jacte de no ser condenado en vez de pedir disculpas”. Aunque reconoció que sus palabras no constituyen delito, criticó su tono y lo calificó de ejemplo de “baja catadura moral”. Añadió que “la falta de responsabilidad penal no impide el reproche moral” y arremetió contra lo que consideró una hipocresía del PSOE, recordando los pactos que, según ella, “otorgan impunidad a delincuentes”.
Guardiola fue más allá y relacionó a Lucas con una estructura política que, afirmó, ha sido señalada por la UCO como una organización donde ha anidado “una banda criminal”, cuyo padrino político “está en la cárcel”. En contraposición, reivindicó que el PP representa una “política limpia, de respeto, frente a los insultos del PSRM”.
