El recién reelegido presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra estos días recogiendo los lógicos elogios derivados de su contundente victoria electoral del pasado domingo. A la espera de que, incluso, pueda subir un diputado más gracias al voto por correo, el dirigente ‘popular’ ha estado esta mañana en la calle Génova participando en el Comité Ejecutivo de su formación.

Mucho se ha especulado sobre qué iba a decir. Probablemente, lo que se conozca tendrá un marcado carácter interesado, no en vano su posicionamiento de moderación parece que gana enteros en las filas del PP a nivel nacional.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Feijóo. El sindicato CCOO acaba de hacer pública en las últimas horas una grave denuncia que afecta a la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. En concreto, habla de la existencia de una “costosa” administración paralela, que es desde la que de verdad, según la organización, se opera en lo todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de esta tierra.

Comisiones circunscribe la supuesta irregularidad a los dos últimos años (2019 y 2020) porque asegura no disponer de los datos correspondientes a 2018. En dicho período, el Gobierno autonómico gastó “como mínimo, un millón de euros”. La denuncia se refiere a la privatización de un servicio público que, a pesar de este movimiento del Ejecutivo de Feijóo, “ni sale más barato, ni se garantiza un trabajo de mejor calidad”, según indica en un comunicado.

La grave acusación se refiere a una adjudicación concreta que apareció publicada en el Diario Oficial de Galicia hace menos de una semana. En la resolución en cuestión se dio el visto bueno a que TRAGSATEC se haga cargo del “servicio técnico cualificado para el análisis e informe de las intervenciones que se pretendan realizar en bienes de interés cultural o catalogados, así como, de ser el caso, en su contorno de protección”.

Personal de la Xunta

CCOO critica esta adjudicación porque se trata de tareas que deberían realizar “arquitectos y arqueólogos de las propia Consellería”, al tiempo que muestra su sospecha porque, tal y como señala, esta empresa no tiene entre sus labores este tipo de trabajos “ni cuenta con el personal especializado y formado” para llevarlo a cabo.

Además de lo anterior, considera "inadmisible" que desde este departemento autonómico se impulse lo que llama "círculo vicioso", es decir, que mientras por un lado no crea las plazas necesarias y dotadas de trabajadores para cubrir esos puestos, los privatiza al no disponer del personal necesario. 

Además de lo ocurrido hace una semana y publicada en el DOG del 9 de julio, la organización sindical extiende esta práctica de "administración paralela" solo a cuestiones relacionadas con el patrimonio, sino que afirman sus representantes que es una "práctica habitual". En este sentido aluden a una serie de casos como la privatización de servicios en el Museo do Viño de Ribadavia (Ourense), la explotación del Parque Arqueológico de Campo Lameiro, en Pontevedra, o también en esta provincia el servicio de vigilancia y control de acceso del Museo Massó de Bueu, solo por citar algunos ejemplos. 

Todo esto lleva a Comisiones a "exigir" a la Xunta de Galicia que ponga fin a esta práctica puesto que, a su juicio, solo se traduce en un mayor gasto en la prestación del servicio y, por extensión, para las arcas públicas, y sin que se puede hablar de que "garanticen una mayor eficia en su ejecución".