Más de 20.000 personas dependientes de Castilla y León de un total de 112.000, es decir, casi el 20%, perciben menos de cien euros al mes para cubrir los gastos de sus cuidados, según datos de la Plataforma Social, que denuncia casos de personas a los que la Junta transfiere cantidades mensuales ridículas, hasta de 17 euros, para sufragar costes que su capacidad económica no puede soportar.

La Plataforma Social, colectivo nacido en 2012 en Valladolid, que reúne a asociaciones y personas comprometidas con la defensa de la red pública de servicios sociales y un desarrollo justo de la Ley de Dependencia, denuncia el “sistema perverso” que utiliza la Junta de Castilla y León para ahorrar en esta materia, y recuerda que esta Comunidad fue la que menos invirtió por persona en dependencia en 2021 en toda España, tal y como dio a conocer en mayo de este año un informe de la Asociación Estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales.

Según ese informe, Castilla y León se situaba en el vagón de cola de todo el país, con 6.599 euros por dependiente frente a la inversión de otras comunidades, entre las que destacaban, a la cabeza del ranking, País Vasco, con casi 13.000 euros por persona, Extremadura, con 11.800, Navarra, con 10.500, y Asturias, con 9.600, para una media nacional de 9.195 euros.

La Junta aporta menos cuanto más recibe del Estado

La plataforma recuerda que durante los gobiernos de Mariano Rajoy la media de aportaciones anuales en el caso de Castilla y León fue sólo de 3,1 millones (hay que tener en cuenta que en 2012 y 2013 aportación del Estado se redujo), mientras que en los dos presupuestos que ha aprobado el actual Gobierno, la aportación media ha sido de 43,7 millones.

Pues bien, la Junta de Castilla y León ha venido aprovechando el incremento de esa financiación estatal (600 millones más para dependencia en los Presupuestos Generales del Estado de 2022) para ir reduciendo la suya, señalan.

De este modo, en el informe de mayo, Castilla y León figuraba a la cabeza de la lista de comunidades autónomas que más habían reducido su inversión ante el incremento de la financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales, lo que llevó a decir al PSOE que la comunidad había “hecho caja” con la subida de transferencia, detrayendo esa cantidad de más que recibía de su propia aportación, de modo que las personas dependientes no notaban mejoría.

Estos indicadores se reafirman en el nuevo proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023, presentado hace unos días: la aportación de la Junta desde el último presupuesto con el gobierno de España del PP (2018), hasta el año 2023, ha bajado del 60,68 al 49,38 (11 puntos porcentuales). Subió el peso de la aportación del Estado del 30,34% al 42,14%, y la mayor bajada en la aportación de la Junta se produjo con el primer presupuesto de Pedro Sánchez.

Una lechuga para quince personas

De las 20.118 personas que, según respuesta a una pregunta parlamentaria, perciben al mes menos de 100 euros (12.087 de ellas por la Prestación Económica para cuidados en el entorno familiar, -PECEF-, y otras 8.031 por Prestación Económica Vinculada, -PEV-, que debe ayudar a los dependientes a sufragar servicios como centros de día, ayuda a domicilio, o bien acceder a una plaza residencial), algunas reciben una propina que no da, siquiera, para lo más básico.

La Plataforma denuncia, como ejemplo, el caso de una persona viuda nacida en 1929, es decir, actualmente 93 años, con un grado de dependencia 3, (gran dependencia, es decir, pérdida total de autonomía), y patrimonio cero, que tiene una capacidad adquisitiva de 17.915,52 euros anuales y recibe 76,02 euros al mes, por una prestación vinculada, es decir, para sufragar el coste de 2.000 euros mensuales (24.000 al año) en una plaza de residencia, que evidentemente, esa ayuda no cubre, obligando a su familia a realizar un altísimo desembolso al que la Administración autonómica no ayuda.

Otro caso llamativo que corrobora la documentación en poder de elplural.com es el de una usuaria, también gran dependiente, a la que la Junta concede 74,15 euros al mes durante el año 2022 para sufragar las facturas que gira una residencia vallisoletana de 1.935,47 euros mensuales por alojamiento, manutención y asistencia sanitaria.  

Según Jorge Félix Alonso, portavoz de la Plataforma, “el sistema de la dependencia, tal y como lo gestiona la Junta, es perverso, porque concede muchas prestaciones, pero de  cuantías económicas muy pequeñas, lo que le permite aparecer como la comunidad autónoma que menos lista de espera tiene, -y por lo tanto obtiene un sobresaliente en el Observatorio de la Dependencia-, pero a base de prestaciones ridículas, algunas de hasta sólo 17 euros al mes, es decir, que reparte una lechuga entre quince personas, una hoja de lechuga para cada una, de modo que,  estadísticamente, figura que da de comer a quince”.

Según la Plataforma Social, el sistema de servicios sociales que ha desarrollado Castilla y León es un sistema low cost, lo que le permite “atender” a más personas, pero sin garantizar la atención adecuada.

La Junta niega las cifras

La Consejería de Familia niega que el 20% de los beneficiarios de Castilla y León reciba  prestaciones económicas inferiores a 100 euros, señalando que esa afirmación sólo es aplicable a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Es decir, que la Consejería reconoce que esas minúsculas prestaciones son habituales a la hora de “retribuir” a quienes cuidan de estas personas dependientes en sus casas, pero no se refiere a los numerosos casos de prestaciones dirigidas al pago de los cuidados en residencias cuyo coste supera, con mucho, la capacidad económica de los usuarios.

La Junta sí reconoce que desde 2012 “se modificaron los criterios de cálculo de las prestaciones, estableciéndose una fórmula más restrictiva que la de otras comunidades autónomas para la prestación de cuidados, mientras que, en la prestación vinculada, asegura, se incrementaron las cuantías máximas por encima de las máximas estatales para rentas bajas y se redujeron las cuantías para personas con rentas altas”, algo que, según la Plataforma, no justifica nada, puesto que una cosa es la capacidad económica de los usuarios y otra, el coste de los servicios, que, como demuestran los casos aportados, y numerosos otros en la misma situación, son siempre mayores.

La Junta presume de atender a todas las personas con derechos “desde muy pronto, cosa que no sucede en el resto del país”, y afirma que hay un 4,64% de beneficiarios con respecto a la población, frente al 2,65% estatal, lo que, asegura, no tiene que ver con el envejecimiento de la población, sino con la agilidad de la tramitación que hace que no existan listas de espera.

Alonso critica que la apuesta de la Junta sea la de las ayudas (siempre escasas) frente a la de los servicios, así como que la Consejería afirme que “el coste de los servicios públicos es muy elevado”.

“Decir que el coste de los servicios públicos es muy elevado, como si fuera un mérito”, concluye el portavoz de la Plataforma, “es como argumentar eso con respecto a la sanidad pública, porque, con ese argumento, eliminamos la sanidad pública, porque tiene mucho coste”.

“Los servicios sociales a través de centros públicos que presta Castilla y León”, señala, “no se han incrementado desde la transferencia de competencias durante el gobierno de Felipe González, en 1996, porque, desde esa fecha, no se han creado nuevas residencias públicas ni centros para personas con discapacidad”.