Nuevo choque entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. En esta ocasión, el desacuerdo ha tenido lugar en el seno de Educación, donde las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sumándose Canarias, han rechazado este viernes el Plan Estratégico de Educación Inclusiva presentado por el Ministerio de Milagros Tolón.
La iniciativa del departamento estatal de Educación, Formación Profesional y Deportes no ha obtenido luz verde en la Conferencia Sectorial por 12 votos en contra, y solo seis a favor, que se concentran en las comunidades gobernadas por los socialistas, además del País Vasco y el propio Ministerio. Un resultado por el que el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha lamentado: “Interpretamos que una posición ideológica, una estrategia partidista, ha impedido que España se dote de un plan estratégico que luego debía ser desarrollado”.
De esta manera, el segundo al mando de Educación ha destacado que sacar adelante el plan del Gobierno “era una exigencia ética” para brindar atención al alumnado “que más lo necesita”: “Era el marco conceptual a partir del cual desarrollar normativas y financiación. El rechazo de las comunidades autónomas no nos va a impedir continuar con el trabajo en favor de esa cantidad de alumnos”, ha incidido.
Ante la necesidad de seguir avanzando en el camino de la inclusión, Educación inició una serie de actuaciones para elaborar un plan estratégico de educación inclusiva que garantice que se da una respuesta educativa a la diversidad del alumnado, construyendo espacios de interlocución con distintos agentes de la comunidad educativa.
El paquete de medidas se presentó como un marco de actuación integral con el objetivo de consolidar un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad en todo el territorio español. Los objetivos generales de este plan buscan garantizar que todo el alumnado, sin excepción, tenga acceso a una educación que responda a sus necesidades individuales y que promueva su pleno desarrollo personal, académico y social. Sin olvidar la evaluación y el seguimiento de las políticas inclusivas con el fin de garantizar que las medidas implementadas tengan un impacto real y positivo en la vida del alumnado.
La negativa de las autonomías del PP
La voz cantante del ‘no’ de las comunidades del PP con respecto al plan estatal la ha entonado Castilla y León, cuya Consejería lo ha rechazado por plantear, a su juicio, “un modelo que puede restringir la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades de sus hijos”.
Ha defendido al tiempo que tanto educación inclusiva como especial son “compatibles” y que esta necesidad de inclusión de alumnos debe dar garantías “del entorno educativo, los profesionales y los apoyos que mejor respondan a sus necesidades”. De la misma manera, ha tildado de “imprescindible” preservar la función de escolarización y atención directa de los centros de Educación Especial, además de su papel como centros de referencia y apoyo, especialmente para aquellos alumnos que requieren una atención altamente especializada.
Bajo este marco, las comunidades de los populares han dado portazo, al menos por ahora, a un modelo que consideran que “prioriza una única modalidad de escolarización y defiende la libertad de elección de las familias, la atención personalizada y la coexistencia de diferentes modalidades educativas”.
Más inversión para la FP
Pese a este impedimento, autonomías y Gobierno sí que han pactado el reparto de 31.296.070 euros destinados al impulso y calidad de la Formación Profesional. Con esta cuantía, se permitirá financiar la organización y participación de los campeonatos Skills de Formación Profesional; impulsar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesorados mediante estancias formativas; apoyar proyectos de innovación y transferencia de conocimiento entre centros y empresas y reforzar la formación y actualización del profesorado, de los formadores y de las personas que participan en el desarrollo del sistema, entre otras cuestiones.
Todas estas actuaciones comparten los objetivos de seguir mejorando de la calidad de la FP, impulsar la innovación, favorecer la colaboración con empresas y garantizar que alumnado y profesorado dispongan de las herramientas necesarias para responder a los retos de un mercado laboral en constante transformación.
El Ministerio de Tolón ha informado a su vez sobre los trabajos para modificar el real decreto por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Otra de las cuestiones a las que hace frente Educación se remite a los devastadores resultados del Informe PISA 2025 de la OCDE para España. En este sentido, De la Rosa ha reconocido “preocupación” al respecto, pero ha rechazado de pleno los "discursos catastrofistas, apocalípticos prácticamente”: “PISA dice que hay que mejorar, sin ninguna duda. PISA nos obliga a repensar muchas estrategias como la competencia lectora, pero es una evaluación más, una evaluación comparativa y hay que tomarla con mucho interés pero no es la única evaluación”, ha precisado.
Asimismo, el secretario de Estado ha añadido que el informe internacional señala “una causa” a tener en cuenta: “La lectura apresurada que imponen las pantallas está haciendo perder capacidad de atención. No significa abandonar la tecnología de ninguna manera, significa que tenemos que intensificar las competencias lectoras”.
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