La jueza de la causa de las VPP de Alicante rechaza la petición de archivo de causa de tres investigados

La juez que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección públicas (VPP) del Residencial Les Naus en Alicante ha rechazado la petición formulada por tres investigados en la causa para decretar el sobreseimiento libre.

En concreto, la magistrada de Alicante ha tumbado las peticiones de archivo que presentaron una arquitecta municipal que resultó adjudicataria de uno de estos inmuebles y que, además, es pareja del funcionario, también imputado, de la Conselleria de Vivienda responsable de los visados de esta promoción; así como de otros dos beneficiarios investigados en esta trama.

En dos autos, la jueza señala que esas peticiones son “prematuras”, y se escuda para ello en que la investigación no ha concluido y que todavía quedan diligencias pendientes de practicar que tienen relevancia para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas un informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Al hilo de ello, en una de las resoluciones, la jueza hace alusión a ese dictamen pedido a la UDEF como una “diligencia que reviste especial relevancia para el análisis de las circunstancias investigadas y para la comprobación de extremos fácticos que pueden resultar determinantes a efectos de valorar la concurrencia o no de indicios de infracción penal”. "La ausencia de dicho informe impide, en el momento actual, disponer de un cuadro indiciario completo que permita efectuar un juicio definitivo sobre la tipicidad de los hechos y sobre la eventual participación de las personas investigadas. En consecuencia, la petición de sobreseimiento debe reputarse prematura", añade la magistrada.

Al margen de estos tres investigados, en la causa judicial hay 18 personas investigadas. Entre ellas, están la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, quien también fue adjudicataria de una VPP. Igualmente, está imputada la exdirectora general en el consistorio alicantino María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios. Tanto Gómez como ella dimitieron de sus cargos tras conocerse públicamente estos hechos, aunque Pérez-Hickman sigue siendo jefa de Contratación.

De igual manera, están investigados el presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa del residencial, quienes están citados a declarar el próximo 9 de noviembre. Además, entre los imputados hay también funcionarios del Ayuntamiento y de la Conselleria, incluido el responsable de los visados, además de adjudicatarios de pisos y el promotor, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi.

El PP rechaza en el Senado proteger la vivienda protegida

En líneas similares, el pasado 30 de septiembre el Pleno del Senado rechazaba la moción presentada por el Grupo Socialista en la Cámara Alta para defender la vivienda protegida frente a la “mercantilización y uso especulativo”. 

Esta moción buscaba blindar los inmuebles protegidos a través de una mayor transparencia en los procedimientos de adjudicación, la publicación periódica de datos agregados sobre las concesiones o el análisis de las normas autonómicas que puedan comprometer el derecho a una vivienda.

Sin embargo, PP, Vox, UPN y PNV votaron en contra con un total de 145 votos, mientras que el PSOE e Izquierda Confederal votaron a favor, con 94. Por otro lado, se abstuvieron diez senadores correspondientes a ERC, EH Bildu y el BNG. Junts optó por no votar.

Por su parte, la senadora de Más Madrid por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal Carla Delgado instó a los grupos a aprobar en el Congreso los dos decretos de vivienda, que finalmente decayeron con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

El grupo de izquierdas consideró que la propuesta "se queda cortísima" y por ello la enmendaron con la incapacidad de los "fondos buitre" de comprar vivienda, la prohibición a los desahucios de personas "vulnerables" o la congelación de los precios del alquiler. Unas enmiendas que, recordaron, son "la base de los dos reales decretos" aprobados ya por el Ejecutivo.