El Partido Popular (PP) se dedica activamente a desmantelar los servicios públicos, privatizándolos en el mejor de los casos, en aquellas Comunidades Autónomas (CCAA) donde Gobierno. Después, cuando en verano llegan los grandes incendios o en otoño las arrasadoras gotas frías, los dirigentes fingen sorpresa y echan balones fuera, culpando a otras administraciones o garantizando que no se podría haber hecho nada. La Comunitat Valencia es un ejemplo claro de este proceder y los Bomberos Forestales, primera línea ante muchas catástrofes, las últimas víctimas de una gestión “caótica” y “negligente”.
Los profesionales denuncian la falta de un convenio que regule su servicio esencial, cuyas negociaciones están paralizadas, a la que se suma la inexistencia de una auditora externa o de una dirección de Recursos Humanos y la falta de interés por nombrar un nuevo Gerente. Todo ello mientras la Secretaria Autonómica emite Ofertas de Empleo Público sin aviso previo y en horarios que apenas dejan espacio para detectarlas, casi como si pretendiesen que solo estuviesen al tanto “sus amiguetes”, trasladan trabajadores del servicio esencial. Es más, una de ellas llegó a abrirse el propio día del aniversario de la DANA de las 17:30 a las 24:00 horas, según denuncian los sindicatos.
El “desmantelamiento” del servicio, denuncian desde Comisiones Obreras (CCOO), viene de lejos. La llegada de Mazón al poder acabó con la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), popularmente denominada UME valenciana, que pretendía integrar a los bomberos forestales y dotarles de autonomía de actuación. La eliminación del proyecto hizo perder 12 millones de euros al servicio, al que se le restó otros seis millones en los presupuestos. Además, se delegó su gestión a las Diputaciones Provinciales, pese a ser un cuerpo autonómico, dificultando aún más su trabajo.
“Todos los pasos son para desmontar la empresa pública que gestiona el servicio”, denuncia CCOO. Es más, el propio día de la DANA, la inoperancia en la gestión no solo retiró a los bombero del Poyo, sino que, tal y como relatan los profesionales a este periódico, mantuvo 56 unidades de 62 paradas, incluidas las seis aerotransportadas, y tan solo seis actuaron al ya estar en terrenos en los que se requería su trabajo. Un proceder que la jueza estudia ahora si pudo tener implicación directa en muchas muertes, pero que desde la sección de bomberos de CCOO tienen claro que es un riesgo constante.
“La dirección política de la SGISE viene mostrando una grave falta de interés ante la necesidad de solicitud de informes jurídicos vinculantes que marquen de forma clara e inequívoca la legalidad de los procesos selectivos de acceso y promoción al empleo público, y con las mismas cartas de juego para todos los aspirantes, que eviten enfrentamientos entre colectivos de trabajadores y privilegios de unos frente a otros, así como la eliminación de determinadas categorías de trabajadores afectados”, trasladan desde CCOO a ElPlural.com.
La Generalitat ignora las denuncias de la oposición
Desde la oposición denuncian que la gestión del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, “se ha limitado a encubrir la nefasta gestión de la DANA, saliendo de su conselleria audios manipulados y filtración de grabaciones que debían estar custodiadas”. “Y lo que es más grave, durante once meses escondió las grabaciones del Cecopi que nos revelaron información determinante para conocer qué pasó en él”, apunta Alicia Andújar, de los socialistas valencianos (PSPV).
“Esa labor de encubrimiento le ha ocupado mucho tiempo y ha abandonado el servicio de bomberos forestales. Le hemos preguntado tres veces por los registros de operatividad y nos oculta la respuesta”, ha detallado. Asimismo, Andújar ha criticado que “las unidades están mermadas y la falta de personal constituye un peligro, no solo para la ciudadanía, sino para los propios agentes que trabajan muy expuestos al riesgo”.
El día de la DANA interesaba la foto
Un cuerpo que el día de la DANA que asoló Valencia, el pasado 29 de octubre de 2024, estuvo desplegado para auxiliar a la población como mandase el mando. Un cuerpo que estuvo presente el día de la catástrofe vigilando el caudal del río Magro, desde donde advirtió de la crecida y los primeros vehículos encallados, o en el barranco del Poyo, zona que tan solo abandonó cuando, a mediodía, el Centro de Mando y Control del Consorcio Provincial de Bomberos les ordenó retirarse tras “consultar a los mandos”.
Aquel fatídico día, cuando Carlos Mazón todavía no había pedido la primera ronda en El Ventorro, la consejera encargada de las emergencias y principal imputada de la causa judicial, Salomé Pradas, le comunicaba por WhatsApp al ya ex president de la Generalitat que “la buena noticia del día”, contraponiéndola con el temporal, es que “todo parecía indicar” que se alcanzaría al día siguiente, 30 de octubre, “un preacuerdo con los bomberos forestales”. Eran las 13:05 horas cuando Pradas envió el mensaje.
Simultáneamente en el tiempo, la unidad de bomberos forestales de Buñol, dotada con un vehículo ligero y autobomba se desplegaba en el Poyo para medir el caudal. “Bieeeeennnnnn”, respondía Mazón a las 13:34 horas. “Me voy a Carlet para que se nos vea con bomberos forestales”, replicaba la que fuera consejera de Justicia e Interior unos minutos más tarde, a las 13:43 horas. Aquel día, la foto con los bomberos forestales interesaba, y mucho, pero el cuerpo ha caído en el olvido desde entonces.
El Tercer Turno que prometía por aquel entonces la Generalitat, y que lleva años aireando sin que termine de llegar, fue la manzana envenenada que la administración ofreció a un servicio machacado por la falta de persona y por las condiciones precarias. Desde aquel día, el descontrol es cada vez mayor y los jefes se multiplican, mientras los profesionales y los planes operativos para que estos puedan actuar con autonomía y verdadera eficacia siguen faltando.
“Esta forma de dirigir la empresa pública redunda en amenazas a los trabajadores de no implementación de un tercer turno si no se mira a otro lado para que puedan hacer sus corruptelas e irregularidades, como por ejemplo poner al frente de recursos humanos, de la gestión de bolsas y de los procesos selectivos a un trabajador interino del departamento de informática, sin nombramiento o proceso alguno, sin la cualificación necesaria y amigo personal de esta dirección política, el cual ya accedió a ese puesto en extrañas circunstancias”, zanjan desde CCOO en conversaciones con este periódico.
