La Xunta de Galicia, la Fiscalía y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la unidad del Defensor del Pueblo que trabaja en favor de que las personas que viven en espacios internos no vean mermada su dignidad, chocan entre sí sobre el trato dado a los pacientes de La Robleda, un psiquiátrico gallego que ya estuvo en el centro de la polémica por este mismo motivo.
Ahora, tras meses investigación, las partes no se ponen de acuerdo sobre si en este sanatorio se vulneran los derechos fundamentales de los pacientes o no. De un lado, el organismo que capitanea Ángel Gabilondo mantiene lo que redactó en su informe hace ya cosa de un año, tal y como publicaba esta semana el diario El País.
Ingresos de décadas o agresiones sexuales
En aquel entonces, el Defensor del Pueblo mencionaba casos muy concretos que darían buena cuenta de las irregularidades. Hablaba, por ejemplo, de una paciente que había estado más de una década ingresada de forma involuntaria, es decir, un plazo absolutamente injustificable dado que “en ninguna enfermedad mental se producen descomposiciones de duraciones tan largas”. Asimismo, hacía alusión a otro caso de abuso sexual por pate de otra enferma, a la que habrían tocado “sus partes íntimas” e insultado.
A ello se le suman “contenciones que se mantienen durante semanas”, “fármacos con dosis fuera de ficha técnica”, “aislamiento habitacional” o un “régimen disciplinario” con “castigos”. Unas prácticas impropias del siglo XXI y que, concluyeron los expertos, resultan en la “mala praxis” y la “vulneración de derechos” de este lugar de ámbito privado.
Sin embargo, no tiene nada que ver con los análisis del ministerio público ni de la Xunta de Galicia, liderada por Alfonso Rueda. El primero cerraba diligencias sin apreciar indicios de delito, mientras que el Ejecutivo autonómico tampoco encontró irregularidades de ningún tipo.
Se salda con consejos a la empresa
El órgano jurídico no detalla qué diligencias practicó para ver si aquí se cometían o no acciones del tipo relatado anteriormente. Solo dice que llevó una inspección en el centro. Lo mismo que la Conselleria de Sanidades, que asegura haber realizado hasta siete inspecciones en los últimos 18 años sin hallar irregularidades, si bien tardó doce días en entrar desde que el escándalo se hiciera público, un día más tarde que la Fiscalía.
La Xunta mantiene que confirmó el cumplimiento tanto de los requisitos técnicos que establece la normativa vigente como del protocolo para la contención de pacientes y se limita a dar algunas “recomendaciones de cara a un mejor funcionamiento y una mayor calidad asistencial” que pasan por un aumento de las ratios de profesionales principalmente, y es que en el momento de la inspección del Defensor del Pueblo, solo una psicóloga se hacía cargo de cerca de un centenar de pacientes.
La empresa, por su parte, Hestia Alliance, celebra que la Fiscalía archivó todas las diligencias, también las preprocesales que abrió por la denuncia de supuesta agresión sexual después de un informe forense y la negativa, dice la compañía, de la mujer que los había denunciado. Asimismo, la firma privada indica que afrontaron con seriedad el informe del Defensor del Pueblo y que están buscando más empleados y “elementos de perfeccionamiento y trazabilidad”, según apunta al medio mencionado.
Entre otras cosas, prometen terminar con las contenciones en las habitaciones de los pacientes en los casos en que “sea posible” y la incorporación de un protocolo de contención cero. También que actualizará su registro de forma telemática para que recoja el momento de inicio y de fin, las actuaciones previas que se lleven a cabo para intentar evitar una medida y el motivo por el que tuvieron que llevarla a cabo, en caso de deber realizarla.
En última instancia, indica la creación de una Comisión de Seguridad del Paciente en la que trabajadores de todos los ámbitos del centro hagan un seguimiento de las medidas restrictivas y otros indicadores; y la creación de un protocolo de consentimiento informado para las habitaciones con cámara.
En el escenario actual, el Defensor del Pueblo mantiene su radiografía y remite “una serie de recomendaciones”, pero en su caso a las dos instituciones que, espera, cumplan. Será en 2026 que dará cuenta de si esto ha sido así.
"La Xunta actuó tarde"
En declaraciones a ElPlural.com, el BNG lamenta la dejación de funciones por parte de la Xunta en materia de salud mental. La diputada en el Parlamento, Iria Carreira, habla desde la "cautela" y se refiere, en un tono más genérico al abandono "de la atención primaria y los recursos especializados, con listas de espera inasumibles".
"No se está garantizando una atención a la salud mental de calidad en centros públicos ni privados", enfatiza. "Podemos hablar del esfuerzo mínimo llevado a cabo por la Xunta para erradicar las contenciones mecánicas o, incluso, los pocos avances que hay para lograr una integración real de las personas con un trastorno de salud mental de larga duración".
"Las denuncias que se recogen en el informe son muy graves", dicta respecto de La Robleda. "Creemos que la Xunta actuó tarde porque no son de recibo las pocas inspecciones que hizo y además actuó después del informe", indica apuntando que el Gobierno de Rueda no les ha facilitado información al respecto.
