Artur Mas ha intentado hacer un difícil ejercicio de equilibrio, hoy, en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le juzga por la consulta del 9N. El expresidente catalán asumió que fue “el máximo responsable de la idea” e, incluso, eximió a sus colaboradoras, Joana Ortega e Irene Rigau, al afirmar que sólo cumplieron sus “instrucciones”. Sin embargo, responsabilizó de la ejecución final del referéndum a los “voluntarios”.

No fue directamente organizada por el Govern
La consulta del 9-N, ha afirmado Artur Mas, no fue “directamente organizada” por la Administración catalana, ya que tras ser suspendida por el Tribunal Constitucional, “se cambió el formato” y se hizo una “jornada de participación” y su Gobierno se limitó a dar su “apoyo” a los 42.000 voluntarios que llevaron a cabo el referéndum.

Mas, que se ha negado a responder al fiscal y sólo ha contestado a su abogado, aseguró que el Govern no tuvo “ánimo de cometer ningún delito ni de desobedecer a nadie” y ha defendido su actuación afirmando que el Constitucional no envió una advertencia “clara” a su Gobierno de las responsabilidades en que podía incurrir de mantener la consulta independentista tras la suspensión. “Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”, ha preguntado Mas.

Ortega da la misma versión
El expresidente catalán ha justificado que la consulta del 9N “no tenía vinculaciones legales” y que “solo era para conocer la opinión de la gente", y ha asegurado que el Govern intentó de manera infructuosa de llegar a un “acuerdo” con el Gobierno central para buscar una vía de preguntar a los catalanes.

En la misma línea, la exvicepresidenta Joana Ortega alegó que los "más de 40.000 voluntarios" fueron el "alma" de la consulta soberanista del 9N de 2014 y fueron ellos los que "hicieron posible" el proceso participativo, y no la Generalitat, que lo había dejado "en sus manos" desde días antes.