La vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que ha pedido al Tribunal Constitucional que abra una vía penal contra la presidenta del Parlamento Catalán, Carmen Forcadell por desobedecer sus sentencias en lo relativo a la desconexión de Cataluña.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado hoy en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros de que éste es uno de los puntos del incidente de ejecución que presentará ante el TC.

Según la vicepresidenta en funciones, la presidenta del Parlament ha podido incurrir ya en un delito por desacato de una sentencia y un auto del Constitucional, y por ese "caso omiso" el Gobierno pide al tribunal que remita a la Fiscalía las actuaciones de desobediencia para que resuelva si hay que actuar por la vía penal.

El presidente en funciones, Mariano Rajoy, ya se ha puesto en contacto con Pedro Sánchez Pablo Iglesias y Albert Rivera para comunicarles el contenido del incidente de ejecución visto en Consejo de Ministros.

Según Sáenz de Santamaría, el posible delito de Forcadell tiene que ver con desobedecer una sentencia del TC del 2 de diciembre de 2015, en la que anulaba el llamado proceso de desconexión. También afirma que pudo desobedecer un auto del alto tribunal, de hace poco más de una semana, en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC.

Asimismo, ha informado de que en el incidente de ejecución se pide al TC que haga el mismo requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno; y solicita que se les advierta de que el incumplimiento del mandato del Constitucional puede llevar aparejadas sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado o incluso la apertura de la vía penal.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha acusado hoy al Gobierno de querer "coartar la libertad de expresión" del Parlament y sus diputados y cree que sería "profundamente antidemocrático" inhabilitarla.