La unidad del constitucionalismo en Cataluña tiene la misma fortaleza que la unidad de los catalanes independentistas, la propia del desiderátum, una formalidad a la que no se puede renunciar para no desatar el desánimo en las propias filas. A los independentistas les une un objetivo inequívoco, construir un estado propio, aunque no saben cómo hacerlo; a los constitucionalistas, la oposición a dicho objetivo pero difieren tanto en el análisis de las causas de la fuerza de la reclamación soberanista como en la estrategia para contrarrestarla. Los tres partidos que defienden la vigencia y el respeto a la Constitución, PSC, Ciudadanos y PP, solo coincidieron casi plenamente durante unos meses, los del 155. La crisis que vive Societat Civil Catalana (SCC) es consecuencia de las diferencias entre aquellos partidos.

El ex diputado del PP, Fernando Sánchez Costa, accedió a la presidencia de SCC tras unos meses convulsos en la dirección de la entidad constitucionalista, muy lejos ya de su momento álgido, cuando en octubre de 2017 sacó a la calle a centenares de miles de catalanas contrarios al independentismo. El nuevo presidente declaró al poco de su elección que habría que saber canalizar al movimiento independentista hacia un objetivo diferente al del estado propio, “hacia la mejora de Cataluña y de toda España”, porque, a su juicio, a dos millones de catalanes no se les puede decir simplemente que “no”.

Estas declaraciones, que tienen un cierto parecido con la posición del PSC y Pedro Sánchez, partidarios de negociar mejoras al autogobierno a partir de la negación del derecho a la autodeterminación esgrimido por los partidos independentistas, provocaron la reacción airada de Ciudadanos. En línea con la acusación planteada por Rivera y Arrimadas en la última campaña electoral (el PSOE ya no es un partido constitucionalista), el diputado autonómico Martín Blanco arremetió contra Sánchez Costa, afirmando que “de una entidad constitucionalista se espera una oposición frontal a las tesis nacionalistas y separatistas”. Y punto.

A los pocos días, el Movimiento Cívico 12-O, uno de los muchos grupos del espectro unionista en Cataluña,  acusó a SCC de abandonar la defensa del constitucionalismo; después, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, uno de los promotores de Cataluña Suma, aseguró que SCC ya no representa a las entidades que apuestan por importar a Cataluña la fórmula de PP y Ciudadanos en Navarra; y finalmente, el diputado de Ciudadanos Carles Carrizosa, lo dijo con mayor claridad: “temo que SCC está abrazando las tesis del socialismo en Cataluña”.

Esta es la cuestión. PP y Ciudadanos están convencidos que el conflicto político existente en Cataluña y entre Cataluña y España, planteado por el movimiento independentista con una fuerza insospechada hace solo unos años, se combate actuando sobre sus efectos y no sobre las causas. La aplicación de un 155 permanente, como reclaman ambos partidos, supondría (como ya se comprobó en el último trimestre de 2017) atacar las consecuencias de la acción de los partidos, entidades y del propio gobierno de la Generalitat, dejando intactas las complejas razones de los diferentes grados de desencanto detectables entre el conjunto de los catalanes.

El apoyo del PSOE a la aplicación del 155 por parte del gobierno del PP creó el espejismo de una posible unidad de acción de los partidos denominados constitucionalistas, una hipótesis reclamada por PP y Ciudadanos y alentada por el discurso independentista que tiene gran interés en fomentar los bloques (con algunas excepciones en episodios muy concretos, como la moción contra Mariano Rajoy). Sin embargo, esta colaboración tiene escasa tradición en el Parlament de Cataluña por las resistencias del PSC a compartir la acritud de PP y Ciudadanos respecto de los consensos del catalanismo político. Esta posición se truncó en la manifestación de SCC del 29 de octubre, al manifestarse los dirigentes socialistas del brazo del resto de políticos constitucionalistas, consiguiendo una fotografía que persigue al PSC.

El PSC tiene como bandera la reconstrucción de las relaciones internas de la política catalana (muy maltrechas tras el intento unilateral del independentismo y las consecuencias policiales y judiciales registradas a continuación) y el rechazo a la división social promovida por la intransigencia de los bloques. Con estos planteamientos, difícilmente, puede alcanzar ninguna unidad de acción con PP y Ciudadanos, cuyos dirigentes consideran que el simple diálogo entre las partes implica la renuncia a la defensa de la Constitución. El balance de los pactos post municipales en Cataluña refleja la distancia existente entre las diferentes visiones del constitucionalismo en Cataluña y el esfuerzo del socialismo catalán para evitar la ruptura definitiva con sus adversarios soberanistas.

La distancia entre partidos y sus actuales posicionamientos en Cataluña y en el Congreso de los Diputados dificulta la propia viabilidad de SCC en la que conviven expectativas muy contradictorias. En pleno alud de criticas de los partidos de derechas contra el presidente de la entidad por haber dicho algo que se acerca a la estrategia socialista, uno de sus vicepresidentes, Xavier Marín, salió al paso se supone que para intentar calmar la ofensiva. Marín se mostró partidario de ilegalizar a los partidos independentistas, diciéndoles: “ustedes podrán ser independentistas pero no se podrán presentar a las elecciones”. Una receta que debió provocar escalofríos a los asociados socialistas y a la dirección del PSC.