ERC ha completado la nueva consigna de Òmnium (lo volveremos a hacer) haciendo suyo el clásico de Pujol, esto ahora no toca (això ara no toca). No es tiempo de desobediencias. La Mesa del Parlament tenía que decidir si aceptaba a trámite una iniciativa legislativa popular para volver a proclamar la independencia pero la abstención de los republicanos y los votos en contra de Ciudadanos y PSC han dejado solos a JxCat. La abstención de los socios de gobierno de Quim Torra se ha justificado en motivos técnicos y reglamentarios, matices que no existían a juicio de los diputados de JxCat que andan con la mosca tras la oreja desde que trascendió que el grupo de ERC en el Congreso medita una abstención low cost en la investidura de Pedro Sánchez.

La iniciativa legislativa popular (ILP), presentada por Unitat per la Independència, solicitaba la recuperación por parte del pleno del Parlament del documento firmado por los diputados JxSi y la CUP el 10 de octubre de 2017, después de una sesión frustrante para los independentistas en la que Carles Puigdemont proclamó los resultados del 1-O e inmediatamente pidió al pleno que lo dejara en suspensión, provocando las lágrimas de quienes convocados por Òmnium y ANC seguían el acto en la pantallas gigantes instaladas en el paseo de Lluís Companys.

No es la primera ILP de carácter independentista que rechaza tramitar la Mesa del Parlament, antes y después del otoño de 2017. La razón es siempre la misma, los letrados de la cámara informan negativamente, apelando a la temática reservada para este tipo de iniciativas que no incluye cuestiones como esta. Fuentes de ERC ya dejaron dicho a Nació Digital, al minuto de frenar esta ILP, que si lo hubiera presentado un grupo parlamentario le habrían dado el voto favorable a la tramitación. Pero ni ellos ni JxCat han hecho amago alguno en esta legislatura de enfrentarse al Tribunal Constitucional.

De todas maneras, este episodio subraya de nuevo de división interna de los partidos del gobierno Torra ante qué hacer en los próximos meses. ERC y especialmente el presidente del Parlament, Roger Torrent, no ha cedido en ningún acto que pudiera originar una advertencia de desobediencia. No aceptaron la investidura a distancia de Puigdemont ni ahora han desoído el informe de los letrados como tantas veces hicieron en la culminación de Procés y previamente en la aprobación de la leyes de transitoriedad.

De aquel argumento repetido mil veces por Carme Forcadell  “el Parlament es soberano para hablar de todo”, al actual “la cámara puede hablar de todo, siguiendo lo que establece el reglamento” han pasado dos años, una larga cárcel preventiva y un juicio del que no se esperan buenas noticias, comenzando por Gonzalo Boye, gurú jurídico de Puigdemont, el mismo que ha prometido que el ex presidente y Antoni Comín estarán en su escaño del Parlamento Europeo el próximo día 2 de julio.

ERC está en fase de reflexión sobre su papel en la investidura de Pedro Sánchez. Y en plena reflexión, se filtró la probabilidad de una abstención sin excesivo coste para el candidato a la presidencia, lo que no se sabe muy bien que quiere decir, pero se presupone que implica un abandono de posiciones recientes y maximalistas en las que se pedía al líder del PSOE una injerencia en el poder judicial para sacar de la prisión a los dirigentes pendientes de sentencia. La defensa del diálogo en abstracto parece el puerto más seguro por ambas partes, al menos entre socialistas y republicanos. El legitimismo de Torra y Puigdemont sigue anclado en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación como base del diálogo.

En esta circunstancia de voto diferente en la Mesa y de filtraciones sobre predisposición republicana a una investidura sin drama para Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero desembarcó en RAC1 para contar que él sí ha hablado con Junqueras por teléfono y que el indulto es una opción a considerar si los afectados lo solicitan. La opinión de Zapatero no tiene por qué coincidir con la de Sánchez, aunque si lo hace con Miquel Iceta. Al no estar en campaña electoral, las afirmaciones del ex presidente no provocarán un maremoto similar al vivido por el primer secretario del PSC. De todas formas, es una obviedad. De ser condenados y de pedirlo (hasta el momento siempre han dicho que no lo harán), el gobierno estará obligado a estudiar la petición.