La realidad sociolingüística frente a los guetos lingüísticos
En más de 30 años, la realidad sociolingüística se ha impuesto a los que han pretendido imponer la doble enseñanza separando a los niños en algo parecido a guetos lingüísticos. Es más, los castellanoparlantes hemos contribuido a evitar esta división que habíamos vivido en propias carnes durante el franquismo y que nos negábamos que fuera aplicada a nuestros hijos. Queríamos en definitiva que nuestros hijos hablaran castellano y catalán sin problemas. Y lo hemos conseguido. Se ha evitado que en Catalunya existieran dos comunidades lingüísticas enfrentadas. Hay una sola que habla catalán y castellano indistintamente.
La líder del PP en Cataluña
En más de 30 años, ningún dirigente del Partido Popular ha pedido que su hijo tenga como lengua vehicular el castellano. La primera ha sido Alicia Sánchez-Camacho. La cuestión es saber si hasta ahora todos los dirigentes del PP catalán han llevado a sus hijos a la escuela privada o si hasta ahora todos los dirigentes del PP estaban de acuerdo con la inmersión lingüística.
La decisión del Constitucional
Después de 30 años, el Constitucional por segunda vez dictamina que el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza. Lo hace en la sentencia sobre el Estatut en respuesta al recurso presentado por el Partido Popular. Sin embargo, el Tribunal Supremo –excediéndose en sus competencias según algunos juristas de reconocido prestigio- pide un cambio de la política lingüística después de la denuncia de tres familias. Tres familias entre las más de un millón de escolares.
En vísperas de las elecciones
No es casual que el conflicto haya estallado en puertas de las elecciones generales. El Partido Popular –también UPyD y Ciutadans- podrán agitar por España el espantajo –y la mentira- de que el castellano está perseguido en Cataluña exigiendo el cumplimiento de una sentencia que tiene mucho de política y poco de judicial. No en vano, ayer mismo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo que la sentencia sólo debía afectar a las tres familias denunciantes y no al conjunto del sistema educativo.
La oportunidad electoral de CiU
CiU ante esta situación ha levantado el hacha de guerra. La noticia es un regalo en vísperas electorales. Le permitirá agitar a sus fieles –recurriendo más a las vísceras que a la razón- y además le evita hablar de recortes en profesorado, recortes en recursos o de fracaso escolar. De momento, el gobierno presentará un recurso ante el Constitucional. Contará con un amplio respaldo político y social. Si el más alto Tribunal no tiene una repentina fiebre de trabajo su resolución no se conocerá hasta después de las elecciones generales de noviembre. Una vez pasada la contienda electoral los ánimos se habrán relajado y el conflicto no tendrá su razón de ser en el campo político.
El oportunismo de Artur Mas
Artur Mas ha elevado el tono de sus declaraciones pero su socio sigue siendo el PP. CiU no tuvo reparos en pactar con los populares a pesar de ser ellos los culpables de recortar el Estatut, y tiene la intención de mantener estrechas relaciones con Rajoy si éste llega a la Moncloa. Quiere incluso llegar a un acuerdo sobre el pacto fiscal. Aunque ahora la oposición de izquierdas catalana exija una ruptura no la obtendrá. CiU y PP se encuentran cómodos en la trifulca nacional porque anima a sus electores. Además, los dos saben que el conflicto social no existe porque, simplemente, el castellano no está perseguido en Catalunya, la gran mayoría de catalanes quieren que sus hijos aprendan castellano y catalán, y en la calle se seguirá hablando catanyol, la alternativa mezcla inconsciente de los dos idiomas. Sin más problemas.
Toni Bolaño es periodista y analista político
