El impacto de la resolución de la Audiencia Territorial del Estado de Schleswig-Holstein (desde ayer, sinónimo de justicia europea para el independentismo por oposición a la justicia española) hace tambalear las previsiones existentes en el escenario catalán, pendiente de la suspensión de los diputados procesados por orden del juez Llarena.

El Parlament ha encargado un informe a sus letrados al respecto y los jueces alemanes les han proporcionado el argumentario. También al Gobierno Sánchez le ofrecen una oportunidad, vía Ministerio Fiscal, para modificar su calificación de rebelión y allanar el camino al diálogo político. La única certeza es que todo esto debe suceder en España y no en Alemania.

El interrogante es doble. ¿La mayoría soberanista en la Cámara Catalana se lanzará a desobedecer por primera vez en la nueva legislatura, aprovechando la contradicción judicial y siguiendo la estrategia de la CUP?; ¿La fiscal general se atreverá a aplicar la teoría alemana en el reino de la justicia española? El primero reclama una respuesta inminente; el segundo, no tanto y, además, ni tan solo va a ser definitiva, porque la última palabra recaería en los jueces y éstos siempre podrían atender a la posición de la acusación particular ejercida por VOX.

El Parlament no puede afrontar ninguna votación relevante sin haber decidido si cumple o desobedece la suspensión de diputados. De no suspenderlos y aplicar las vigentes delegaciones de voto, abre la puerta a previsibles impugnaciones de los resultados; de no suspenderles el acta, pero no utilizar tampoco sus votos, el bloque independentista perdería la mayoría; de aceptar la suspensión y suplir las vacantes, JxC y ERC deberían enfrentarse a la reacción presumiblemente airada de la CUP, partidaria de ignorar la orden de Llarena. O desobediencia, pues, o crisis interna.

La posición del Parlament va a condicionar inevitablemente la actuación del gobierno Sánchez y su Ministerio Fiscal. De instalarse la mayoría independentista en la desobediencia, le sería muy difícil en pleno desafío solicitar ninguna medida paliativa para los procesados; de optar dicha mayoría por jugar al gato y al ratón con la opción de ni sustituir a los diputados ni utilizar sus votos, el problema sería el mismo en función de la reacción del Tribunal Supremo a la treta; de ser la tercera, el cumplimiento puro y simple de la suspensión, el Gobierno central tendría margen de maniobra para intentar eliminar la acusación de rebelión y obtener la libertad condicional para los encarcelados.

El Parlament no puede afrontar ninguna votación relevante sin haber decidido si cumple o desobedece la suspensión de diputados

Un margen de maniobra limitado por la decisión que vaya a tomar el Tribunal Supremo ante la oferta del tribunal alemán. De aceptar la extradición por malversación, las fichas caerían rápidamente del lado de la distensión, comenzando por liberar al Parlament de la disyuntiva de suspensión o desobediencia. De negarse el juez Llarena a renunciar a la acusación de rebelión, dejando a Puigdemont en Alemania, el gobierno Sánchez quedará entre dos fuegos, el de la justicia española herida por el desagravio alemán y el empuje independentista fortalecido por la doctrina de Schleswig-Holstein.

De optar el TC por acudir a Estrasburgo para aclarar el funcionamiento de la euroorden, el presidente Sánchez no se librará de la presión de los dos extremos, exigiendo los unos mano dura para con los presos y eventualmente también para el Parlament de no proceder a la suspensión y, reclamando los otros, gestos de buena voluntad de la fiscalía para afianzar el incipiente y difícil diálogo. La sombra de Rajoy y su preferencia por la judicialización del problema político además de alargada es persistente.