El presidente del gobierno catalán, Quim Torra, no asistirá a la celebración del 40 aniversario de la Constitución. No es ninguna novedad. Los sucesivos presidentes de la Generalitat han mantenido una distancia protocolaria con el acto oficial del día de la Constitución. Ni Carles Puigdemont, ni Artur Mas, ni Pasqual Maragall ni Jordi Pujol en los últimos años de su largo mandato se desplazaron a Madrid para la festividad. También José Montilla faltó en alguna ocasión a la convocatoria. La diferencia cualitativa es la carta enviada por Torra calificando la Carta Magna como “una prisión para la libertad de expresión y la capacidad de decisión de los ciudadanos”.

Jordi Pujol pasó de presidir recepciones en el Palau con las primeras autoridades de Cataluña para celebrar la aprobación del texto constitucional a negarse a conmemorar el día de la Constitución, a partir de 1988. Pascual Maragall no acudía a la cita en Madrid pero efectuaba en la vigilia una declaración institucional, incluso con mensaje televisivo, reclamando la reforma del texto para reconocer la España plural. José Montilla se saltó alguna edición pero sin ningún ánimo de recriminación. Artur Mas y Carles Puigdemont afirmaban no tener nada que celebrar y Torra interpreta que el texto constitucional es un reflejo de la pervivencia del franquismo.

El independentismo ha ido creando una secuencia de enemigos públicos de la causa soberanista. Primero, fue el déficit fiscal (España nos roba), después, la falta de democracia en España, posteriormente, la monarquía y ahora le toca el turno a la Constitución, presentada insistentemente como fuente de todos los males habidos y por haber. Además, a juicio de Torra, “el pueblo de Cataluña ya ha dicho claramente que quiere superar el marco constitucional español con la creación de una República independiente catalana”.

Lo más llamativo de la prosa siempre inflamada de Torra, es su comparación de la Carta Magna con una prisión. La prisión forma parte del marco mental del actual presidente de la Generalitat y de todo su gobierno.  No hay discurso, ni argumentación parlamentaria, ni tuit presidencial que no haga referencia directa o indirectamente a la situación de cárcel provisional en la que están desde hace más de un año los dirigentes procesados.

Las dificultades presupuestarias son graves, pero más grave es que haya políticos encarcelados; la parálisis del gobierno es preocupante, pero más preocupante es la situación de prisión preventiva, y así sucesivamente. La referencia constante a la prisión ante cualquier iniciativa política, crítica parlamentaria o propuesta de diálogo es una manera de presionar al gobierno central, afirmaba el portavoz de JxCat, Eduard Pujol. Esta estrategia tiene como objetivo evitar la normalización de la situación política e institucional en Cataluña (y si puede ser también en España) hasta que no se resuelva la causa abierta contra los dirigentes independentistas.

La negativa del gobierno de Torra a separar la solidaridad y el apoyo a los presos de la gestión gubernamental y las relaciones políticas con la oposición y el gobierno central ha acabado por hacerles prisioneros de la prisión de sus antecesores en el cargo. La semana negra vivida en Cataluña por las huelgas de médicos, bomberos, estudiantes, profesores y funcionarios de la administración autonómica ha puesto de manifiesto la necesidad de la Generalitat de aumentar la capacidad de gasto para, directamente relacionada con la aprobación de los presupuestos generales. Hasta ahora, todos los portavoces habían explicitado la imposibilidad de negociar nada con el gobierno Sánchez sin antes producirse algún gesto para con los procesados. Un auténtico callejón sin salida.

Pere Aragonés, vicepresidente y consejero de Economía, ha roto finalmente esta lógica paralizante. O así lo parece. Acuciado por las muchas críticas recibidas por la falta de margen de maniobra económico  ante las reclamaciones sindicales y la negativa a negociar los presupuestos del Estado de los que podría obtenerse algo de oxígeno financiero, Aragonés dijo que están a la espera de conocer alguna aportación específica para Cataluña en el proyecto de presupuestos, porque por ahora todas las mejoras anunciadas se corresponden a incrementos del modelo de financiación general que por ley también le corresponden a la Generalitat.