La Generalitat va a presentar en el Parlament unos presupuestos no aprobados por el gobierno de Torra y va a buscar socios para tramitarlos utilizando aproximadamente los mismos argumentos que el gobierno de Pedro Sánchez explicó a los grupos independentistas en el Congreso, sin éxito. Fieles a este ejercicio de desmemoria, ERC y PDeCat se abstuvieron de votar el reglamento metropolitano del servicio de VTC que deriva del decreto de la Generalitat de hace unas semanas y que supuso el cierre de Uber y Cabify en Barcelona, dejando sola a Ada Colau, que contó en última instancia con el apoyo del PSC y la CUP.

El borrador de presupuestos de la Generalitat que conocerá este miércoles el Parlament es, en opinión de Pere Aragonés, el más social de la historia de Cataluña, o al menos el que contempla un gasto social más elevado desde la feliz década de los gobiernos tripartitos de izquierda de inicio de siglo XXI. El conjunto del gasto público sube un 7% y el vicepresidente y consejero de Economía cree que nadie puede negarse a apoyar estas cuentas, retando a la oposición, especialmente a los Comunes, a “estar a la altura” y dejarse de debates partidistas y electoralistas.

Al margen de la singularidad de ofrecer un debate presupuestario sobre un proyecto ni siquiera aprobado por el consejo ejecutivo de la Generalitat, resulta muy vistosa la coincidencia de argumentación utilizada ahora por Aragonés con el mensaje insistente de socialistas y Comuns durante semanas para lograr que los grupos de ERC y PDeCat en el Congreso permitieran la tramitación de unos presupuestos generales calificados también como los más sociales en mucho tiempo. Ni este razonamiento ni el de representar aquellas cuentas fallidas del PSOE un aumento notable de las inversiones estatales en Cataluña  surtieron ningún efecto. Tampoco parece que lo vaya a tener ahora.

El movimiento de Aragonés no servirá para otra cosa que para devolver a Comunes y socialistas las recriminaciones de partidismo que éstos lanzaron contra los independentistas en el pressing para salvar los presupuestos de Sánchez. Las condiciones ambientales no son las más adecuadas para alcanzar acuerdos de ningún tipo ni tampoco el gobierno de la Generalitat va a amenazar con convocar elecciones de fracasar su intento formal de aprobar unas cuentas. El calendario del gobierno Torra está dominado por el juicio del Tribunal Supremo y hasta conocer las sentencias no van a moverse en ninguna dirección.

Las relaciones entre los Comunes y el independentismo, entre Ada Colau y la Generalitat, oscilan continuamente en función del tema del día, pasando del amor al enfrentamiento con suma facilidad. Si se trata de plantar cara al Rey con algún gesto protocolario de menor cuantía (en público no se le saluda pero en privado sí), la coincidencia es total, si es el caso de aprobarse los presupuestos, ni caso, pero si se trata de apoyarse para evitar el caos en Barcelona con ocasión de la huelga de taxistas, también se ponen de acuerdo de forma transitoria, para salir solo del paso.

La huelga de taxistas por un decreto de la Generalitat de regulación del servicio de VTC se levantó en buena parte gracias al anuncio de la alcaldesa de un reglamento metropolitano que instauraría una espera mínima de una hora para obtener el servicio, frente a los 15 minutos propuestos por la consejería. Sin embargo, cuando el Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprobado inicialmente dicho reglamento, recogiendo la promesa de Colau, los partidos que gobiernan la Generalitat se han abstenido de apoyarlo.

El reglamento metropolitano se ha aprobado justo después de conocerse el informe del Consell de Garanties Estatutàries que considera que la espera fijada para la contratación de VTC en el decreto de la Generalitat atenta contra la libertad de empresa. Los dictámenes de este consejo no son de obligado cumplimiento, tal como quedó de manifiesto en las largas y polémicas sesiones de aprobación de las leyes del referéndum y de transición nacional, sin embargo, tanto los diputados del PSC, como buena parte de los diputados de la coalición previa al actual grupo de los Comuns, recriminaron a la mayoría independentista el no hacer caso al consejo. Ahora son ellos quienes no atienden el dictamen jurídico, que además, coincide plenamente con las advertencias de la Autoritat Catalana de la Competència respecto de la irregularidad de las condiciones impuestas a los vehículos de VTC.