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El Govern ha aprobado en la reunión del Consell Executiu de este martes examinar si las plataformas digitales cumplieron con sus obligaciones legales respecto a la convocatoria de Blocus en Barcelona el pasado 24 de octubre y encargar al Gabinete Jurídico de la Generalitat el estudio de posibles acciones judiciales contra las redes sociales y aplicaciones de mensajería a través de las cuales se organizaron los disturbios. El acuerdo incluye solicitar a la Dirección General de la Policía, con el apoyo de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, un informe técnico sobre el uso de dichas plataformas en lo que respecta a los altercados y los indicios de incumplimiento por parte de los prestadores de estos servicios.
Así lo ha anunciado la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha detallado que las posibles acciones judiciales o legales contra las plataformas digitales que ha encargado analizar podrán afectar tanto a las empresas detrás de las redes sociales o servicios de mensajería como a “los responsables individuales de las mismas en España y en Cataluña”. “No descartamos ningún tipo de actuación”, ha asegurado.
El acuerdo contempla también la creación de un marco de coordinación permanente entre la Secretaría del Govern, el Gabinete Jurídico de la Generalitat y el Departamento de Interior y Seguridad Pública que articule las medidas pactadas. Asimismo, ratifica el apoyo del Ejecutivo catalán a la colaboración entre los Mossos d’Esquadra, el Ministerio de Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo lo que exceda sus competencias.
El Govern quiere "determinar responsabilidades sin cuestionar la libertad de expresión, de información y de manifestación"
Desde la Generalitat se ha remarcado que las plataformas digitales se utilizaron “para organizar e incitar” los actos violentos vividos el 24 de octubre en el centro de Barcelona, así como “para difundir posibles nuevas convocatorias”, y que, por esta razón, quieren “examinar si las plataformas cumplieron con las obligaciones que les impone la normativa”. En este sentido, Paneque ha señalado que el Ejecutivo de Salvador Illa quiere “determinar eventuales responsabilidades sin cuestionar en ningún caso la libertad de expresión, de información y de manifestación”.
“Si cualquier medio de comunicación hubiese avalado, propiciado o alimentado una convocatoria de este tipo llamando a la violencia y a hechos delictivos, el peso de la ley caería sobre este medio y sus responsables. Por lo tanto, las plataformas no se pueden limpiar las manos sobre esta cuestión y debemos actuar de la misma manera”, ha reivindicado la portavoz del Govern.
Los marcos normativos catalán, español y europeo permiten a la Generalitat emprender acciones por los disturbios
La posibilidad de que el Govern emprenda acciones legales o judiciales contra los responsables de las convocatorias de Blocus queda recogida tanto en el marco normativo autonómico como en el estatal y el europeo. En lo que refiere al ámbito catalán, en el Estatut se recoge que la competencia en materia de seguridad pública en Cataluña corresponde a la Generalitat.
De la misma manera, el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (UE) establece obligaciones específicas de diligencia debida, cooperación con las autoridades públicas y gestión de riesgos sistémicos para los prestadores de servicios de intermediación, particularmente ante la difusión de contenidos ilícitos y la amenaza para la seguridad pública. Por su parte, la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, aprobada por las Cortes Generales, regula las restricciones a la prestación del servicio y el deber de colaboración de los prestadores con los órganos encargados de salvaguardar el orden público y de realizar la investigación de delitos.
Paneque pone en releieve el trabajo realizado para evitar más disturbios y para detener a responsables
Por otro lado, Panque ha puesto en valor el trabajo “intenso, eficiente y eficaz” realizado desde el 24 de octubre por parte de los Mossos conjuntamente con otras fuerzas de seguridad como la Guardia Urbana de Barcelona para el despliegue del dispositivo que logró evitar que el 31 de octubre se produjeran de nuevo disturbios del mismo calibre que los del sábado anterior como estaba previsto por parte de Blocus. También ha destacado la labor llevada a cabo para que los causantes de los disturbios, tanto los que participaron físicamente como sus instigadores, asuman sus responsabilidades.
“Dijimos después de los disturbios del 24 que quien la hacía la pagaría, no solo quien lo incitaba, sino también quien participa, y ya hemos visto que las actuaciones de los Mossos d’Esquadra van en esta línea”, ha manifestado la consellera. Igualmente, ha puesto en relieve que también se ha cumplido con el compromiso de destapar quién se encontraba detrás de la convocatoria, habiéndose producido ya la detención de seis personas que habrían instigado los disturbios, dos de ellas menores de edad, las cuales ya han sido puestos a disposición judicial.
Además, Paneque ha vuelto a apelar a “la responsabilidad de padres, madres o tutores de menores que participan o han participado en este tipo de actos”. En esta línea, la Generalitat advirtió después de los disturbios del 24 de octubre que, si los menores que fueran culpables de los altercados no podían pagar el precio por sus acciones, lo harían sus tutores legales.
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