Autodefensa democrática

Pasean por las calles de las ciudades grupos uniformados de negro, con la cara tapada y profiriendo todo tipo de barbaridades mientras hacen el saludo fascista. Grupos de jóvenes barbilampiños, airados y ridículos, pero no menos fascistas que los primeros, acosan los campamentos por la vivienda.

Mientras tanto, las derechas y las extremas derechas parlamentarias se dedican, allí donde pueden, a derogar las leyes de memoria democrática, probablemente porque su existencia y eficacia son una condición necesaria —aunque no suficiente— para combatir esta recaída reaccionaria que nos angustia.

Por eso, entre muchas otras cosas, es especialmente importante lo que acaba de suceder en el Parlament de Catalunya. Hoy debía aprobarse, por fin, la primera Ley de Memoria Democrática de Catalunya. El PP ha decidido impedirlo —por ahora— solicitando un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Una táctica dilatoria que no hace sino subrayar hasta qué punto el PP actual resulta ya indistinguible de la caterva ultra.

Pero nosotros, parafraseando los versos de Brecht, estamos aquí para que mañana nadie pueda decir que los tiempos eran oscuros porque nosotros callábamos.

Por mucho que le pese al consorcio PP-Vox, la ley de memoria democrática se aprobará.

No es que no tuviéramos leyes anteriores sobre la materia, ya que la que creó el Memorial Democràtic data de 2007, la que facilita la exhumación de fosas comunes es de 2009 y la de reparación jurídica de las víctimas del franquismo es de 2017. Sin embargo, la que aprobaremos pese a la pataleta de la derecha será la primera ley de memoria de carácter integral y contiene no pocas novedades. Los primeros intentos de dotarnos de ella se remontan a 2012 y, en esta legislatura, han sido necesarios dos años de trabajo para conseguirlo. Culminaremos la tarea.

Entre otras medidas, la ley crea una oficina de atención a las víctimas de la represión franquista; incorpora facilidades para que las víctimas, sus familiares y las personas que investigan puedan acceder a documentos y archivos; incorpora la perspectiva de género y reconoce a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer; incluye la discriminación y la represión que sufrió específicamente el pueblo gitano; impulsa y agiliza la localización, protección, dignificación y exhumación de fosas comunes; refuerza el papel del Memorial Democràtic y de las entidades memorialistas, e incorpora por primera vez un régimen sancionador para los actos contrarios a la ley.

De la ley de memoria democrática que aprobaremos, por mucho que les pese, también destaca la amplitud de los acuerdos alcanzados. El PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP han logrado un consenso, pese a que las posiciones de cada grupo en esta materia presentan matices o divergencias en algunos puntos. De este modo, se pone en valor la importancia de las cuestiones de fondo, así como el contexto histórico en el que ve la luz la iniciativa. Tanto es así que todos los grupos han retirado las enmiendas que no habían sido recomendadas por la ponencia o que no habían sido objeto de una transacción, un hecho muy poco habitual en la tramitación de leyes en este o en otros parlamentos.

En Catalunya hemos decidido enviar una señal clara a esta extrema derecha envalentonada y a las derechas que se pliegan a ella. La memoria democrática, en Catalunya, no se toca. Es más, seremos la punta de lanza de la reactivación de las leyes y las políticas de memoria. A falta de una forma mejor de expresarlo, hacemos de ello una cuestión de autodefensa democrática.

Ferran Pedret i Santos, presidente del grupo del PSC en el Parlament de Catalunya