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La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones ante el Tribunal de Cuentas sobre la compra del ático en el paseo del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, se ajusta "plenamente a la legalidad" y ha pedido que se archive la causa.
Así lo han trasladado desde el Gobierno regional, después de que el Tribunal de Cuentas diera un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, a la empresa pública Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid para que se pronuncien sobre la procedencia de nombrar un delegado instructor que investigue la presunta adquisición irregular de un ático por parte de la empresa pública o, por el contrario, acuerde el archivo de la acción pública.
Las denuncias fueron presentadas entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre y fueron acumuladas al abordar el supuesto desvío de fondos públicos que habría podido ocasionar un perjuicio a los caudales de Planifica Madrid, M.P., S.A. y de la Comunidad de Madrid por la adquisición de un ático de uso residencial por parte de la empresa pública. Posteriormente, el 30 de septiembre se recibió una quinta denuncia sobre los mismos hechos.
La Comunidad de Madrid ha defendido que la actuación de compra de este piso se ajusta "plenamente a la legalidad, a los estatutos y competencias de la empresa pública" y no supone "un deterioro económico para la empresa, por lo que se propone el archivo inmediato de las denuncias presentadas".
En las alegaciones de los servicios jurídicos, se expone que Planifica Madrid adquirió el inmueble "dentro del objeto social de la empresa pública", cuya finalidad es adquirir y gestionar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid y "ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración regional".
Así, alude a que el consejero delegado de Planifica Madrid es la persona facultada expresamente para realizar la compraventa de inmuebles en la empresa y que el mismo se adquirió "por un precio que se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la compra".
"El inmueble se adquirió como espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales, lo cual se concretó en el contrato de arrendamiento suscrito con posterioridad a la adquisición", ha señalado, incidiendo de nuevo en que el inmueble "en ningún caso" se adquirió como vivienda oficial para la presidente.
Por último, añaden que la operación tenía como finalidad incorporar "un activo patrimonial a Planifica Madrid, conservando el valor de la inversión y permitiendo atender distintas necesidades institucionales" de la Comunidad de Madrid.
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