El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo ha estimado el recurso interpuesto por el concejal socialista Santiago Vera y ha condenado al Ayuntamiento de Fuensalida por vulnerar su derecho fundamental a acceder a información municipal, al denegarle documentación relativa a la nueva ubicación del Centro Joven. La sentencia acredita que se trataba de una información directamente vinculada al ejercicio de su labor de control y fiscalización y respecto de la cual ya existían actuaciones administrativas, informes y un expediente en tramitación.

La resolución considera probado que el Ayuntamiento gobernado por el popular José Jaime Alonso negó expresamente el acceso a la información solicitada bajo el argumento de que “no existía documentación alguna”, cuando en realidad ya se había iniciado un expediente administrativo para el arrendamiento de un local y existían informes, actuaciones previas y datos en poder de los servicios municipales.

En su fundamentación, la magistrada es especialmente clara al señalar que la negativa se sustentó en “excusas” y que, en el momento en que se formuló la solicitud, ya existían elementos suficientes que acreditaban que se estaban realizando gestiones administrativas relacionadas con el cambio de ubicación del Centro Joven. Por ello, el fallo subraya que el derecho de acceso a la información de los concejales y concejalas constituye un instrumento esencial para el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización, y que su denegación supone una vulneración del artículo 23 de la Constitución Española, al impedir el ejercicio efectivo del cargo público.

Como consecuencia, la sentencia declara nula la actuación de la Alcaldía, reconoce expresamente la lesión del derecho fundamental y condena al Ayuntamiento dirigido por José Jaime Alonso a facilitar al concejal socialista toda la documentación solicitada en los términos en que fue requerida.

Desde el PSOE de Fuensalida subrayan la gravedad institucional de esta resolución, al tratarse de una condena por vulneración de un derecho fundamental vinculado al ejercicio del cargo público y al control democrático de la acción de gobierno.

En este sentido, los y las socialistas recuerdan que la documentación municipal no es patrimonio de ningún responsable político, sino de la propia institución y, por extensión, de la ciudadanía, y que su acceso no puede quedar condicionado a decisiones arbitrarias, sino garantizado como un principio básico de transparencia, legalidad y calidad democrática.