El PP de Castilla-La Mancha ha intentado convertir el funcionamiento de las Cortes regionales en un nuevo frente contra Emiliano García-Page, pero la ofensiva ha terminado abriendo otra polémica para los de Paco Núñez. La denuncia difundida por Carolina Agudo se ha apoyado en una información de Vozpópuli que inicialmente presentó como informe jurídico de los letrados de la Cámara lo que en realidad era un documento interno del Grupo Parlamentario Popular. El medio ha tenido que rectificar esa atribución, una corrección que desmonta buena parte del marco con el que los populares habían tratado de vestir su ataque.

La matización es clave. Atribuir ese contenido a los servicios jurídicos de las Cortes le daba una apariencia de neutralidad institucional que no tenía. Lo que había detrás no era un dictamen técnico de la Cámara, sino un documento elaborado desde el propio Grupo Parlamentario Popular. Es decir, una interpretación política del PP, legítima como argumento de oposición, pero muy lejos del aval jurídico independiente que se intentó trasladar.

Carolina Agudo ha acusado a Page de haber "degradado" las Cortes hasta convertirlas en una "caricatura democrática". También ha sostenido que el Parlamento regional funciona como un espacio en el que la oposición no encuentra control ni respuestas. Sin embargo, la denuncia del PP se topa con una realidad incómoda para la formación de Núñez, ya que la regulación que ahora critica procede en buena medida de la etapa de María Dolores de Cospedal al frente del Gobierno castellanomanchego.

 

 

Fue precisamente durante aquella etapa cuando el PP impulsó, de manera unilateral, una reforma del Estatuto de Autonomía que no tuvo como prioridad reforzar las sesiones de control al Ejecutivo, sino reducir el número de diputados autonómicos. Aquella modificación alteró el equilibrio de representación en las Cortes regionales. A ello se sumó otra decisión de enorme impacto político, la retirada de los sueldos a los diputados de la oposición, una medida que limitó su capacidad de dedicación plena al control del Gobierno.

El contraste debilita el discurso actual del PP. Los populares denuncian ahora falta de calidad democrática, pero lo hacen sobre una arquitectura parlamentaria que su propio partido contribuyó a construir cuando gobernaba Castilla-La Mancha. Además, el PP carga contra Page por la ausencia de sesiones de control mientras evita explicar que la reforma para modernizar las Cortes ya está incorporada al nuevo Estatuto de Autonomía, pactado en la comunidad autónoma por PSOE y PP.

Ese texto contempla precisamente la actualización del Parlamento regional, con sesiones de control, refuerzo de las comisiones y nuevos mecanismos de rendición de cuentas. La vía para corregir lo que ahora denuncia el PP no es desconocida ni inexistente. Está recogida en una reforma estatutaria que Paco Núñez presentó en Castilla-La Mancha como un acuerdo relevante. El problema para los populares es que esa reforma sigue pendiente en el Congreso, donde la dirección nacional del PP ha frenado su avance.

Ahí aparece una de las contradicciones de fondo. Núñez acusa al Gobierno regional de degradar las Cortes, pero depende de que su propio partido desbloquee en Madrid el Estatuto que permitiría modificar la situación. El PP castellanomanchego intenta sostener un discurso de exigencia institucional en Toledo mientras en el Congreso su dirección nacional mantiene paralizada la reforma pactada. La crítica a Page queda así atrapada entre la herencia de Cospedal y el bloqueo de Génova.

La estrategia de Carolina Agudo busca situar al presidente regional como responsable único del funcionamiento parlamentario, pero esquiva varios hechos esenciales. Primero, que las normas actuales beben de la reforma impulsada por Cospedal. Segundo, que el PP fue quien debilitó en su día a la oposición retirando los sueldos a sus diputados. Tercero, que la modernización de las Cortes está recogida en una reforma del Estatuto que necesita avanzar en el Congreso. Y cuarto, que ese avance depende también del Partido Popular.

El resultado es una ofensiva con muchas aristas para Núñez. El PP denuncia un problema cuya raíz se encuentra en parte en su propia gestión pasada, exige soluciones que ya están pactadas en Castilla-La Mancha y omite que su dirección nacional tiene bloqueado el instrumento necesario para aplicarlas. Todo ello mientras intenta sostener el ataque con un documento interno que fue presentado ante Vozpópuli como si fuera un informe jurídico de la Cámara autonómica.

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