Castilla-La Mancha sigue teniendo en su parlamento menos diputados que otras comunidades con mucha menos población, pero el debate ha derivado en otra cosa. El líder del PP en la región, Paco Núñez, ha optado por convertir la reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad en un argumento fácil, comparando el aumento de escaños con quitar dinero a agricultores, ganaderos o servicios públicos, pese a haber votado a favor del texto que incluía esa posibilidad de aumento.
La comunidad autónoma supera los dos millones de habitantes y, sin embargo, mantiene una de las cámaras más reducidas del país. Frente a ello, territorios como Extremadura, con prácticamente la mitad de población, cuentan con 65 diputados, el doble que en Castilla-La Mancha, una realidad que evidencia la infrarepresentación parlamentaria de la región. Ese era, precisamente, uno de los elementos que trataba de corregir la reforma pactada entre PSOE y Partido Popular, hasta la llegada del "no" de Miguel Tellado, quien desautorizó a Núñez en la tramitación del Estatuto.
A pesar de haber respaldado ese acuerdo en las Cortes regionales, Núñez ha dado ahora un giro de discurso y ha reducido el debate a una comparación directa con el gasto social. “Yo prefiero que el dinero vaya a los agricultores y a los ganaderos de Castilla-La Mancha antes de que vaya a más diputados”, ha afirmado, en una intervención en la que también ha vinculado la cuestión con la sanidad o la situación económica de las familias.
El problema de ese planteamiento no es solo el cambio de posición, sino el enfoque. El Estatuto de Autonomía no es una partida presupuestaria que compita con políticas agrarias o sanitarias, sino la norma que fija el funcionamiento institucional de la comunidad autónoma. Vincular el número de diputados con el dinero disponible para agricultores introduce un argumento que no formaba parte del acuerdo inicial y que simplifica el debate hasta convertirlo en un eslogan.
El giro del líder ‘popular’ llega después de que la dirección nacional del partido frenara la ampliación del número de escaños cuando el texto comenzó su tramitación en el Congreso. Desde ese momento, el PP castellano-manchego ha pasado de defender la reforma a intentar marcar perfil propio en contra de uno de sus puntos clave.
En su intervención, Núñez ha tratado de justificar ese cambio asegurando que su partido quiere que el Estatuto siga adelante, pero sin aumentar diputados. Para ello, ha recurrido a una distinción entre “mover la horquilla” y “subir los diputados” que choca con el contenido del acuerdo previo, donde esa horquilla abría precisamente la puerta a corregir el actual desequilibrio representativo.
Además, ha insistido en que el texto “está vivo” en el Congreso y ha cargado contra el PSOE por no activar la Comisión Constitucional para debatir las enmiendas. “Si alguien quiere romper el pacto, que lo diga”, ha señalado, pese a que ha sido su propio partido el que ha modificado su posición respecto a uno de los elementos centrales del acuerdo.
El discurso del PP incorpora también un intento de trasladar el foco hacia la situación económica de la región, mencionando problemas como el precio del gasóleo, las dificultades del transporte o los datos de pobreza. Un giro argumental que refuerza la estrategia de confrontación, pero que deja en segundo plano el objetivo inicial de la reforma: actualizar el Estatuto y corregir una representación parlamentaria que, a día de hoy, sigue situando a Castilla-La Mancha en desventaja respecto a otras comunidades autónomas.
Una región con menos voz que el resto
La tramitación del Estatuto ha vuelto a evidenciar un problema de fondo: la infrarrepresentación parlamentaria que arrastra Castilla-La Mancha desde el recorte aprobado por el Gobierno de María Dolores de Cospedal.
Hoy, la región cuenta con 33 diputados para más de 2,1 millones de habitantes, lo que supone un escaño por cada 63.636 ciudadanos, el peor dato de todo el país. Ni siquiera la reforma corregiría del todo ese desequilibrio. Aunque permitiría ampliar las Cortes hasta 55 diputados a partir de 2031, la ratio seguiría siendo alta en comparación con otras comunidades.
El contraste es claro. Castilla y León tiene 81 escaños; Euskadi, con población similar, 75; y Canarias, con cifras parecidas, 70. Incluso territorios más pequeños como Extremadura alcanzan los 65 diputados, el doble que Castilla-La Mancha, mientras La Rioja iguala ya los 33 actuales.
Una realidad que confirma que la comunidad autónoma seguirá estando entre las menos representadas de España, pese a una reforma que solo corrige parcialmente un desequilibrio que la propia derecha impulsó y que ahora el discurso de Paco Núñez evita abordar.
