Paco Núñez ha vuelto a situar al Partido Popular de Castilla-La Mancha ante una vieja pregunta que la derecha suele esquivar cuando habla de bajar impuestos: qué servicios públicos está dispuesta a recortar para cuadrar las cuentas. El presidente regional del PP ha presentado este lunes en Albacete un paquete fiscal que, según sus propios cálculos, supondría devolver cerca de 400 millones de euros a familias, jóvenes y pymes, pero no ha explicado de dónde saldría ese dinero ni qué partidas del presupuesto autonómico dejarían de financiarse para que esa rebaja no se notara en la ciudadanía.
El planteamiento se ha presentado como "la mayor bajada de impuestos" de la comunidad autónoma, con una reforma integral del IRPF autonómico, deflactación de tramos, nuevas deducciones, rebajas en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, bonificación del 100% del impuesto de Patrimonio, reducción de Sucesiones y Donaciones y eliminación del canon del agua. Una auténtica lista a los Reyes Magos fiscal que, sin embargo, ha dejado sin respuesta la cuestión central: cómo se sostiene una sanidad pública, una educación pública, una red de dependencia o unos servicios sociales reforzados si al mismo tiempo se detraen 400 millones de euros de los ingresos públicos.
La propuesta de Núñez ha llegado, además, con una carga política evidente. El líder del PP castellano-manchego ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de recaudar más que nunca y ha asegurado que los ciudadanos "no reciben más". Sin embargo, ese discurso choca con la memoria reciente de Castilla-La Mancha, una región que todavía tiene muy presente lo que ocurrió cuando el Partido Popular aplicó su receta de adelgazamiento de lo público durante la etapa de María Dolores de Cospedal. Aquellos años quedaron asociados a los recortes en servicios públicos, al deterioro de la sanidad, al cierre de recursos en educación, a la pérdida de profesionales y a una política de ajuste que golpeó de lleno a la ciudadanía.
Frente a ese precedente, el Gobierno castellanomanchego ha defendido durante los últimos 11 años una línea de recuperación de los servicios que fueron desmantelados en aquella etapa. La comparación es inevitable porque Núñez no ha presentado una reforma fiscal menor ni una corrección puntual, sino un recorte de ingresos de gran alcance. Y cuando una comunidad autónoma deja de ingresar 400 millones, esa decisión tiene consecuencias presupuestarias. Puede afectar a contrataciones, inversiones, infraestructuras sanitarias, plazas educativas, políticas sociales, dependencia, transporte, vivienda o apoyo a municipios. Lo que no puede sostenerse es que una caída de esa magnitud no tenga impacto alguno.
El regreso del mantra fiscal del PP
El PP ha vuelto a apoyarse en una fórmula conocida: prometer bajadas masivas de impuestos cuando está en la oposición y presentar esa medida como una solución automática para todos los problemas económicos. Núñez ha defendido que "el dinero donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos", una frase recurrente en el argumentario popular, pero ha evitado explicar qué ocurre cuando ese dinero deja de estar en los presupuestos que financian hospitales, colegios, centros de mayores, carreteras, ayudas a la dependencia o políticas de empleo.
La contradicción resulta especialmente llamativa porque el PP suele plantear estas rebajas como si los ingresos públicos fueran una bolsa abstracta, ajena a la vida diaria de la ciudadanía. Pero en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, donde el presupuesto autonómico sostiene buena parte de los servicios esenciales, reducir 400 millones no es una operación neutra. Es una decisión política que obliga a elegir. Y Núñez, por ahora, no ha dicho qué elegiría.
El líder popular ha hablado de familias, jóvenes, autónomos, clases medias y bajas, emprendimiento y empleo. Ha prometido aliviar cargas, impulsar la economía y favorecer la actividad. Pero no ha concretado si su modelo implicaría menos inversión pública, menos profesionales sanitarios, menos refuerzo educativo, menos políticas de bienestar o menos capacidad para sostener servicios en el medio rural. Tampoco ha aclarado si esa merma de ingresos se compensaría con deuda, con recortes o con una hipotética expansión económica que no aparece detallada en su propuesta.
Cospedal como advertencia
La sombra de Cospedal pesa sobre cualquier propuesta del PP que combine bajadas fiscales con ausencia de concreción presupuestaria. No se trata solo de una crítica política, sino de un precedente de gestión. Castilla-La Mancha ya vivió una etapa en la que el ajuste se tradujo en deterioro de lo público y en una sensación de retroceso que el Ejecutivo regional ha tratado de revertir desde entonces.
Por eso, cuando Núñez plantea una rebaja de 400 millones sin explicar cómo se mantendrían intactos los servicios, la pregunta no es retórica. Es el punto central del debate. Si el PP asegura que puede bajar impuestos de forma masiva sin tocar nada, debe explicar con números qué partidas sobran, qué gastos considera prescindibles y qué modelo de comunidad autónoma propone.
La política fiscal no se mide solo por lo que se deja de pagar, sino también por lo que se deja de financiar. En una región que ha necesitado años para reconstruir servicios públicos dañados por los recortes, prometer menos ingresos sin detallar el coste real abre la puerta a una pregunta incómoda para el PP: si Núñez aplicara mañana su rebaja fiscal, quién pagaría la factura.
