El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha tenido este jueves una oportunidad difícilmente mejorable para trasladar directamente a Alberto Núñez Feijóo una posición clara sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura. El líder nacional de los populares ha visitado Alovera, en Guadalajara, precisamente una de las provincias donde se encuentra la cabecera del Tajo y desde cuyo sistema Entrepeñas-Buendía se regulan las aguas que posteriormente son derivadas hacia el Levante. Sin embargo, en las declaraciones de la visita, Núñez no ha planteado ninguna reclamación a Feijóo sobre el agua.
El dirigente regional ha preferido centrar su intervención en la política fiscal. Ha reiterado su intención de deflactar el IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, reducir el de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, así como suprimir determinadas tasas vinculadas a la actividad empresarial si consigue gobernar Castilla-La Mancha. Su objetivo, ha explicado, pasa por conseguir que la región pueda "converger" fiscalmente con otras comunidades gobernadas por el PP.
Ni una referencia, en cambio, al conflicto que mantiene abierto su propio partido por el Tajo y que afecta directamente a Castilla-La Mancha.
Y el silencio resulta especialmente significativo por sus antecedentes más inmediatos. Apenas ocho días antes, Núñez había considerado "lógica y sensata" la posición del presidente de Murcia, Fernando López Miras, después de que este anunciara públicamente que pondría "todas las trabas" a las nuevas reglas de explotación del trasvase hasta que Feijóo llegara a la Presidencia del Gobierno y pudiera retirarlas.
"Lo que hace el presidente de Murcia es defender los intereses de Murcia", justificó entonces Núñez desde Tomelloso. Este jueves, sin embargo, no hizo lo mismo con Castilla-La Mancha. Teniendo a Feijóo a su lado y encontrándose además en Guadalajara, una de las provincias directamente afectadas por el trasvase, el líder regional del PP evitó defender ante su presidente nacional los intereses hídricos de su tierra.
El Supremo ya obligó a proteger los caudales del Tajo
La controversia tiene además una importante vertiente jurídica que va más allá del enfrentamiento entre gobiernos autonómicos. Las nuevas reglas de explotación todavía están pendientes de aplicar, pero tendrán que convivir con un marco hidrológico marcado por diversas sentencias del Tribunal Supremo.
La Asociación de Municipios Ribereños ya respondió precisamente en esos términos a López Miras, recordándole que "un cambio de Gobierno no deroga al Supremo" y cuestionando su anuncio de bloquear las nuevas reglas hasta que gobierne Feijóo.
El escenario resulta aún más llamativo porque Feijóo ya evitó pronunciarse el pasado 14 de septiembre, durante una visita a Albacete, sobre qué haría con el trasvase y con los caudales ecológicos del Tajo si llegara a La Moncloa. Diez días después ha regresado a Castilla-La Mancha y tampoco el presidente regional de su partido ha aprovechado la visita para arrancarle una posición diferente.
Horas antes del acto de Alovera, el PSOE de Castilla-La Mancha había pedido expresamente a Núñez que aprovechara la presencia de Feijóo para "dar la cara" por el agua de la región. El diputado socialista Álvaro Toconar anunció además una iniciativa en las Cortes autonómicas para reclamar que se blinden los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y exigió al líder popular que anteponga esos intereses a las posiciones defendidas desde Murcia.
Núñez, sin embargo, dedicó su intervención junto a Feijóo a las rebajas fiscales. El agua de la cabecera del Tajo, pese a encontrarse ambos dirigentes precisamente en Guadalajara y pese a la ofensiva anunciada desde Murcia contra las nuevas reglas del trasvase, quedó fuera de su discurso público.
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