El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha decidido llevar la guerra del agua un paso más allá. El dirigente murciano ha anunciado públicamente que su Gobierno pondrá "todas las trabas posibles" a las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura mientras espera que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa y puedan ser retiradas, con lo que eso supondría para los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y para un Tajo cuyos caudales ecológicos han tenido que ser protegidos una y otra vez por los tribunales.
Una amenaza que ha encendido a la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, pero que, de momento, no parece haber provocado la misma indignación en Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha. Precisamente el dirigente que lleva meses presentándose como defensor del agua de la región "frente a quien sea".
El silencio resulta especialmente llamativo porque hace apenas unas semanas Núñez elevaba considerablemente el tono de su discurso. El pasado 28 de agosto aseguró que defendería "el agua que necesita nuestro campo siempre, frente a quien sea y donde sea necesario" y sostuvo que no debería marcharse "ni una sola gota de agua al Levante ni a ningún otro lugar" mientras hubiera agricultores castellanomanchegos que la necesitaran.
Ahora es un compañero de partido quien plantea abiertamente dificultar unas normas destinadas a adaptar el funcionamiento del trasvase al nuevo escenario del Tajo, pero esa contundencia no se ha dirigido, al menos por ahora, hacia Murcia.
Y no es la primera vez que Núñez evita confrontar directamente con los dirigentes territoriales del PP cuando reclaman más recursos hídricos procedentes de Castilla-La Mancha. En abril, después de que desde el PSOE le reclamaran que respondiera a las reivindicaciones de los gobiernos valenciano y murciano, el presidente regional del PP llegó a considerar "sorprendente" que los socialistas criticaran que esos presidentes autonómicos quisieran "defender lo suyo".
Los ribereños: "Un cambio de Gobierno no deroga al Supremo"
La respuesta a López Miras sí ha sido contundente desde los municipios situados en la cabecera del Tajo. La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha calificado de "terrible irresponsabilidad institucional" que un presidente autonómico anuncie públicamente que tratará de obstaculizar unas reglas mientras espera que Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa para modificarlas.
Para los ribereños, resulta "impropio de un gobernante y terriblemente peligroso para la opinión pública" convertir el asunto en una batalla exclusivamente política contra el Gobierno de España cuando detrás de la protección del Tajo existe un amplio recorrido jurídico, ambiental y judicial.
"Puede recurrir, puede discrepar y puede defender los intereses de Murcia, pero un presidente autonómico debería saber que las sentencias no desaparecen porque cambie el Gobierno", han advertido.
El Gobierno murciano ha defendido que planteará obstáculos a las nuevas reglas de explotación y López Miras confía en que, si Feijóo alcanza la Presidencia del Gobierno, sean posteriormente retiradas. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ya ha respondido reclamando respeto a los pronunciamientos del Tribunal Supremo y a las obligaciones ambientales que afectan al río.
Una cadena de derrotas judiciales
El problema para el planteamiento político de López Miras es que la protección de los caudales ecológicos no depende únicamente de quién ocupe La Moncloa.
Los intentos de revertir judicialmente la planificación del Tajo han ido acumulando derrotas. En junio de 2024, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Plan Hidrológico del Tajo y rechazó los argumentos dirigidos contra los caudales ecológicos.
En enero de 2025 llegó otra resolución favorable al río, después de que el Supremo rechazara también el recurso de la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023.
El último pronunciamiento se produjo el pasado 13 de mayo, cuando el Alto Tribunal desestimó íntegramente el recurso planteado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura contra el Plan Hidrológico.
La resolución volvió a respaldar la implantación de caudales ecológicos y recordó que la legislación del trasvase no garantiza al Segura un volumen determinado de agua.
"Es difícil entender qué pretende exactamente saltarse López Miras", ironizan desde los municipios ribereños, que recuerdan que para cumplir su promesa tendría que sortear las sentencias judiciales, el Plan Hidrológico del Tajo, la legislación española y también las obligaciones ambientales derivadas de la normativa europea.
El incómodo silencio de Núñez
La ofensiva murciana coloca así a Paco Núñez ante una de las principales contradicciones de su discurso político.
El líder del PP castellanomanchego ha endurecido durante los últimos meses su posición hasta prometer que, si alcanza la Presidencia de Castilla-La Mancha, "no saldrá de aquí una gota de agua" mientras los agricultores y ganaderos de la región tengan necesidades sin cubrir. En mayo volvió a defender públicamente esa posición al ser preguntado directamente por el Tajo-Segura.
Pero defender el agua "frente a quien sea" implica también hacerlo cuando enfrente se encuentra otro dirigente del Partido Popular.
Y López Miras no es precisamente una voz secundaria dentro del partido. Es el presidente de una de las comunidades más beligerantes en defensa del trasvase y acaba de anunciar que utilizará todas las herramientas a su alcance para dificultar unas reglas que afectan directamente al futuro del Tajo y a Castilla-La Mancha.
Los ribereños consideran que esa estrategia supone una forma de "insubordinación institucional" porque traslada a la ciudadanía la idea de que las normas y las resoluciones judiciales pueden quedar en suspenso hasta que cambie el color político del Gobierno central.
"No puede aceptarse que un presidente convierta el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales en algo provisional, pendiente de que cambie el color político de La Moncloa", señalan.
Y lanzan una última advertencia que afecta directamente a la estrategia planteada desde Murcia y que también obliga al PP castellanomanchego a decidir hasta dónde llega realmente su defensa del Tajo: "Un cambio de Gobierno no deroga al Tribunal Supremo".
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