La apuesta de María Dolores de Cospedal por privatizar servicios esenciales de la sanidad pública, durante su etapa como presidenta, ha vuelto a pasar factura en Castilla-La Mancha. Una empresa adjudicataria del programa de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina (Toledo), contratada por el Gobierno del PP en 2013 y con contrato vigente hasta 2028, cerró de forma repentina y sin avisar a la Administración regional, obligando al actual Ejecutivo de Emiliano García-Page a actuar de urgencia para garantizar la continuidad del servicio.

Pese a esta situación provocada por la empresa, la Consejería de Sanidad ha confirmado que todas las mujeres que se sometieron a mamografías en este centro han recibido ya sus informes, después de que la propia empresa remitiera la documentación tras un requerimiento de la Dirección General de Salud Pública. Sin embargo, el cierre inesperado del centro el 31 de mayo, sin comunicación previa, ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo privatizado heredado del PP, que deja a la Administración a merced de los intereses empresariales en servicios tan sensibles como la detección precoz del cáncer.

Desde el primer momento, el Gobierno regional ha actuado en dos frentes simultáneos: por un lado, el Gabinete Jurídico ha iniciado acciones contra la empresa “ante su irresponsabilidad”, y por otro, la Consejería de Sanidad ha negociado con nuevas entidades para absorber el flujo de mujeres pendientes de revisión. El resultado ha sido inmediato: las 500 primeras mujeres que debían realizarse la mamografía en 2025 ya están siendo citadas, y en las próximas semanas se convocará al resto del área sanitaria.

El Ejecutivo regional ha recordado que este tipo de cierres “sin previo aviso” son inaceptables en un servicio de salud pública, especialmente cuando el contrato aún tenía una vigencia de tres años más. La Consejería ha subrayado, además, que ya se ha abierto un nuevo proceso de licitación para adjudicar el servicio en condiciones de estabilidad y control público durante los próximos dos años.

Fuentes del Gobierno de Page insisten en que esta situación demuestra las consecuencias del modelo privatizador del Partido Popular, que durante la legislatura de Cospedal cedió la gestión de programas preventivos a empresas privadas, poniendo en riesgo su continuidad y fiabilidad.

La Consejería de Sanidad ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a las mujeres afectadas, recordando que los programas de detección de cáncer de mama se dirigen a mujeres sanas, sin patologías previas, y que su participación es fundamental para la detección precoz. Desde el Gobierno regional se reafirma la voluntad de mantener y reforzar estos programas públicos, blindándolos frente a los vaivenes de las empresas privadas que, como en este caso, fueron impuestas por el PP y abandonaron a sus pacientes sin explicación.

El bulo del PP que buscaba alarmar a las mujeres

La polémica por los cribados en Talavera de la Reina estalló después de que OkDiario publicara una información sobre una supuesta “paralización de los cribados” en el área sanitaria de Talavera de la Reina, una noticia amplificada por PP y Vox sin contraste alguno. Según difundieron estos partidos, miles de mujeres habrían quedado desatendidas durante meses, una afirmación que la Consejería de Sanidad ha desmentido con datos verificables.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, aclaró este miércoles que casi 5.000 mujeres ya han sido atendidas en el programa de detección precoz y que solo quedan unas 2.000 por revisar antes de que finalice el año, lo que permitirá alcanzar las 7.000 previstas para 2025. En ningún momento se ha producido una interrupción del servicio, ni existe riesgo alguno para las participantes.

Fernández Sanz acusó a PP y Vox de “meter miedo” entre las mujeres con fines partidistas, lamentando que hayan elegido convertir la salud pública en un campo de batalla política. A su juicio, la estrategia de la derecha responde a una “obsesión por deteriorar la imagen de la sanidad pública”, incluso a costa de difundir bulos que pueden generar desconfianza en programas de prevención vitales.