Castilla-La Mancha quiere cambiar las reglas urbanísticas para acelerar la construcción de vivienda protegida y poner más suelo a disposición de nuevas promociones. El Gobierno regional avanza en la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, de la Vivienda y la Simplificación Urbanística, una reforma que pretende actuar tanto sobre la disponibilidad de terrenos como sobre los tiempos administrativos que actualmente condicionan el desarrollo de nuevos proyectos.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en nuevas aportaciones al texto y ha avanzado algunas de las principales medidas que contempla una iniciativa que ha definido como "muy contundente y ambiciosa". La propuesta, que ya ha iniciado su recorrido en las Cortes regionales, busca incrementar la oferta de vivienda pública y protegida y facilitar su construcción, especialmente allí donde los procedimientos urbanísticos pueden prolongarse durante años.
"Ya estamos trabajando sobre medidas concretas", ha señalado Hernando, quien ha explicado que el objetivo es incorporar al texto herramientas que permitan actuar con mayor rapidez sobre el suelo disponible. "Nosotros hemos querido ser valientes ya que es el momento de hacer cosas muy distintas", ha defendido.
Más edificabilidad para vivienda protegida
La reforma busca facilitar que el suelo destinado a vivienda protegida pueda acoger nuevas promociones y responder a una mayor demanda residencial, introduciendo más flexibilidad en las condiciones urbanísticas de determinadas parcelas. En este sentido, la propuesta pretende aprovechar mejor los terrenos disponibles y favorecer que puedan desarrollarse proyectos que, hasta ahora, encuentran mayores limitaciones. "Una de las medidas que planteamos es el poder aumentar hasta un 20% la edificabilidad, hasta un 30% la densidad y hasta dos alturas en aquellas parcelas donde se vaya a poder construir vivienda de algún tipo de protección pública", ha explicado Hernando.
La intención del Ejecutivo de Emiliano García-Page es que esta flexibilización permita aprovechar de una forma más eficiente terrenos que actualmente presentan limitaciones urbanísticas y aumentar el número de viviendas que pueden desarrollarse en determinados ámbitos. La reforma forma parte de un paquete que modifica simultáneamente distintos instrumentos relacionados con la vivienda, el urbanismo y la ordenación territorial.
El Gobierno regional sostiene que el objetivo no es únicamente construir más, sino también reducir los obstáculos que retrasan durante años la puesta en marcha de promociones residenciales, especialmente en municipios con menos recursos técnicos y administrativos.
La mitad de tiempo en los municipios rurales
Precisamente el medio rural será uno de los ámbitos en los que la nueva normativa pretende introducir mayores cambios. Hernando ha anunciado una simplificación de los procedimientos urbanísticos y de vivienda para agilizar el desarrollo de nuevas promociones. "Vamos a reducir a la mitad toda la tramitación, todos los plazos que tengan que ver tanto con los PAU como con los planes especiales de vivienda en todos los municipios de nuestros entornos rurales", ha afirmado.
La medida busca que los pequeños ayuntamientos puedan poner en marcha promociones residenciales con mayor agilidad, especialmente en aquellos municipios donde los recursos técnicos y administrativos son más limitados. El texto incluye también herramientas para movilizar suelo y eliminar obstáculos que actualmente dificultan la construcción de vivienda protegida en zonas afectadas por el reto demográfico.
Junto a estas actuaciones, la reforma incorpora instrumentos para impulsar procesos de transformación y regeneración urbana, así como mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones implicadas en proyectos residenciales de mayor complejidad.
Vivienda y reto demográfico
La política de vivienda se vincula así directamente con la estrategia regional contra la despoblación. Hernando ha defendido que disponer de vivienda es una condición necesaria para que las personas puedan quedarse o instalarse en los municipios rurales, especialmente cuando existe suelo pero los procedimientos administrativos dificultan que se transforme en nuevas viviendas.
El consejero ha destacado que, desde la entrada en vigor de la Ley frente a la Despoblación, los municipios más afectados por la pérdida de habitantes han ganado alrededor de 20.000 residentes, un dato que ha calificado de "espectacular".
"No basta con que las políticas estén recogidas en una ley; tienen que ir acompañadas de inversión, ambición y valentía", ha señalado Hernando, quien ha defendido que Castilla-La Mancha está demostrando que "es posible revertir la despoblación y generar oportunidades en el medio rural".
La proposición de ley encara ahora su tramitación parlamentaria después de que las Cortes regionales aprobaran su toma en consideración. PP y Vox se abstuvieron en esa primera votación, mientras que el PSOE respaldó la iniciativa. El Gobierno regional ha señalado además que las conversaciones con ambos grupos para introducir posibles modificaciones al texto se encuentran avanzadas.
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