La entrada en vigor este 2026 de la jornada laboral de 35 horas semanales para los 250.000 trabajadores de la Administración General del Estado ha supuesto un paso relevante en la recuperación de derechos laborales en el sector público. Sin embargo, en Castilla-La Mancha esta medida lleva años formando parte de la normalidad. Desde el 1 de enero de 2019, los empleados públicos dependientes de la Junta de Comunidades disfrutan de esta reducción de jornada, tras un proceso marcado por decisiones políticas y también por obstáculos impulsados desde el Gobierno central del Partido Popular.
La comunidad autónoma fue pionera en intentar recuperar este derecho tras el cambio de Gobierno en 2015. En 2016, el Ejecutivo de Emiliano García-Page aprobó una normativa para restablecer las 35 horas, una medida que revertía los recortes aplicados durante la etapa de María Dolores de Cospedal, cuando la jornada se amplió hasta las 37,5 horas semanales. Aquella decisión chocó frontalmente con el Gobierno de Mariano Rajoy, que optó por recurrirla.
El documento remitido desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en febrero de 2016, firmado por el director general de Coordinación de Competencias, advertía de discrepancias legales con la normativa autonómica y abría la vía para su impugnación . En concreto, el Estado defendía que la legislación básica fijaba una jornada mínima de 37,5 horas semanales para el conjunto del sector público, lo que impedía a las comunidades autónomas establecer reducciones por su cuenta.
Ese recurso supuso el bloqueo efectivo de la medida en Castilla-La Mancha en un momento en el que la región trataba de recuperar derechos laborales perdidos durante la crisis. Lejos de renunciar, el Gobierno autonómico volvió a intentarlo en 2018 mediante una nueva ley, esta vez en un contexto político diferente a nivel nacional. La ausencia de un Ejecutivo del Partido Popular en el Gobierno de España tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa permitió que la norma no fuera recurrida, facilitando su entrada en vigor definitiva el 1 de enero de 2019.
Desde entonces, Castilla-La Mancha ha consolidado la jornada de 35 horas como un elemento estructural de su función pública. El Ejecutivo regional ha defendido que se trata de una decisión positiva para la conciliación y la calidad de los servicios públicos. Un planteamiento que contrasta con la actitud previa del Partido Popular, que no solo amplió la jornada durante la crisis, sino que también trató de impedir su recuperación cuando algunas comunidades intentaron revertir los recortes.
Diferencias territoriales
La generalización de esta medida en el conjunto del Estado pone ahora de relieve las diferencias territoriales. Mientras Castilla-La Mancha la aplica desde 2019, otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia o Baleares, todavía no han incorporado esta reducción en sus marcos normativos.
Este desfase evidencia dos modelos distintos de gestión de los servicios públicos. Por un lado, el de regiones que han priorizado la recuperación de derechos laborales tras la crisis de 2008; por otro, el de aquellas que han mantenido o retrasado estas medidas, pese a que ahora se convierten en estándar a nivel estatal.
La historia de las 35 horas en Castilla-La Mancha también refleja el recorrido político de esta medida en España. Implantada de forma progresiva en los años noventa, fue eliminada en 2012 en plena Gran Recesión por el Gobierno de Rajoy, que fijó por ley la jornada de 37,5 horas para todo el sector público. Aquel recorte, justificado entonces por motivos económicos, ha sido revertido con el paso de los años, aunque no sin resistencias.
El caso castellanomanchego resume ese proceso: un intento temprano de recuperación, un recurso del Gobierno central que frenó la iniciativa y, finalmente, una implantación efectiva cuando cambió el contexto político. Hoy, con la medida ya en vigor en la Administración General del Estado, queda en evidencia el retraso acumulado en otros territorios y el papel que jugaron determinadas decisiones políticas en su bloqueo.
