Más Madrid llevaba a la Asamblea de Madrid este jueves una propuesta de ley de creación de la Agencia de prevención y lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Madrid. Una iniciativa que ya registró el actual senador de la formación progresista, Pablo Gómez Perpinyà, el pasado 17 de diciembre de 2020, pero que el principal partido de la oposición ha querido volver a presentar en la actual legislatura.
La medida actual proponía la posibilidad de establecer un estatuto que serviese como mecanismo de protección para que cualquier trabajador de la Administración Pública pudiese denunciar situaciones ilegales o en la que se produjera corrupción institucional.
La normativa propuesta por Más Madrid reclamaba un refuerzo de la prevención y el autocontrol de los organismos. Una Agencia que serviría para velar por las buenas prácticas en la Comunidad de Madrid y evitar que se dé un uso fraudulento del dinero público de la región.
Pero tal iniciativa ha sido rechazada tras la postura en contra del Partido Popular y la abstención de Vox durante la votación que se ha llevado a cabo en la sesión plenaria de este jueves.
La portavoz del principal partido de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, explicaba ante los medios de comunicación, minutos antes del inicio de la sesión de control, la necesidad de seguir adelante con dicha ley: "Es la más garantista y coge lo mejor de las distintas leyes autonómicas vigentes".
"Viene a cubrir un déficit histórico que tenemos en esta comunidad, con aquellos trabajadores que quieren denunciar casos de corrupción pero que no se atreven, porque han visto como sus predecesores que lo han hecho han sufrido duras represalias", detallaba.
Mónica García justificaba la necesidad de aprobar dicha propuesta porque en Madrid "la corrupción se ha paseado como Pedro por su casa": "Debe dotarse de las mejores herramientas para que no se repita nunca más".
Pese al intento de Más Madrid el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, junto a la ayuda de su socio de Gobierno, han rechazado tal propuesta, porque consideran que es una normativa "inconsistente" e "inconstitucional".
