Nuevo lío en el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En sede parlamentaria, durante la sesión de control, Isabel Díaz Ayuso ha admitido la existencia de una “investigación interna” que aborda las políticas sobre residencias durante la pandemia. Este anuncio ha pillado por sorpresa al resto del Ejecutivo regional, quienes admiten que se han enterado de ello por la prensa.
Las residencias han supuesto un quebradero de cabeza para el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. De hecho, su gestión se antoja como uno de los detonantes de las cuitas entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo regional.
Tras la polémica suscitada por los protocolos estipulados por la Consejería de Sanidad para establecer una diferenciación en cuanto al grado de dependencia de los ancianos internos en residencias, llega una nueva que ha anunciado en el seno de la Cámara madrileña la presidenta regional.
Durante la sesión de control, en plena contrarréplica a Rocío Monasterio, Ayuso ha admitido que “por supuesto” se tendrá que crear una comisión de investigación, tras varias semanas asegurando que es un arma para “politizar los muertos”. Inmediatamente después, la presidenta madrileña ha anunciado la existencia de una “investigación interna” que estreche el cerco sobre las políticas relativas a las residencias desde el estallido de la crisis sanitaria.
“Actitud desleal”
Este anuncio de Isabel Díaz Ayuso ha sorprendido a su propio Gobierno. Según relatan fuentes del Ejecutivo regional a ElPlural.com, “nos hemos enterado por los medios” de la creación de esta investigación. Es decir, la presidenta madrileña ha creado un proceso interno sobre las residencias a espaldas de Ciudadanos y del resto de su gabinete.
Estas mismas fuentes denuncian que “el Consejo de Gobierno se ha enterado de esta iniciativa al mismo tiempo que la prensa y la oposición”. “No es bonito. Eso no es unidad, sino ir por libre”, explican a este periódico desde el Ejecutivo regional, donde no han podido ocultar su sorpresa.
Acusan de “deslealtad” a la presidenta madrileña al promover este proceso interno sin someterlo al escrutinio del Consejo de Gobierno, el máximo órgano de decisión de una Comunidad Autónoma.