Las autonomías tenían hasta este pasado 31 de marzo para enviar las cifras sobre menores migrantes no acompañados en los centros de sus territorios. El grueso de los ejecutivos regionales contestó en tiempo y en forma, pero aquellos de signo popular exprimieron el calendario hasta la última gota e incluso hay quien, a día de hoy, con el plazo ya vencido, no lo ha hecho. Aragón ha tomado un camino contrario. Ni tan siquiera la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, autoproclamada dique de contención del sanchismo, esquivó la fecha límite. La región del conservador Jorge Azcón sí se ha negado, postergando su respuesta final a la resolución de las medidas cautelares que solicitó a los tribunales contra los entresijos del real decreto pacto por Moncloa y Junts para reformar la ley de extranjería.
Tras sellar el pacto con los neoconvergentes y pasar el filtro del Consejo de Ministros para su aprobación, Moncloa abrió un plazo -extensible si fuese necesario, según Ángel Víctor Torres- para que las comunidades autónomas remitieran al Ministerio de Juventud e Infancia los datos de acogida de menores migrantes en sus territorios. Un paso previo, en consecuencia, para calcular las plazas vacantes en cada región y el esfuerzo de acogida de cada administración territorial para determinar la distribución de los más de 4.000 jóvenes extranjeros no acompañados que colapsan los centros de las Islas Canarias y Ceuta. El Gobierno reclamó tales cifras para actualizar el compilado numérico, pues su versión más reciente databa de diciembre de 2023.
El real decreto aún debe permear el filtro de las Cortes Generales. Está previsto que el próximo 10 de abril se vote en el Congreso de los Diputados, donde, salvo sorpresa mayúscula, recibirá el apoyo necesario antes de ser enviado al Senado, de mayoría conservadora. Cuestión importante en tanto en cuanto los populares han aprovechado el filón migratorio para recrudecer su apuesta contra el Ejecutivo de Sánchez y sus acuerdos con los independentistas -a los que no hacían ascos unos meses atrás-, mientras tratan de contener el oleaje de la ultraderecha encarnada por Vox y Santiago Abascal, aprovechando la inercia de la internacional ultra en Europa y al otro lado del Atlántico.
Aragón se descuelga
El Partido Popular amenazó con una rebelión encabezada por Isabel Díaz Ayuso tras la rúbrica del acuerdo. La baronesa madrileña concitó el apoyo de sus colegas territoriales, empujando a Feijóo a respaldar la vía judicial propuesta desde la Puerta del Sol. Iniciativa que, por otro lado, no sólo bendijo sino que siguió y acometió el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en tensión ahora por la negociación presupuestaria con una ultraderecha que, como en Valencia, eleva sus pretensiones anti inmigratorias para validar las cuentas regionales.
Pese a que todas las autonomías clamaron por una acción conjunta en los tribunales, auspiciada desde la zona noble de Génova 13, tan sólo Aragón ha hecho efectiva su llamada a la rebelión. Bajo el pretexto de que el asunto está ahora en manos de los tribunales, la región presidida por Jorge Azcón se ha negado a cooperar con el Ministerio de Juventud e Infancia. Trasladan desde el Ejecutivo regional que no reportarán sus cifras de menores migrantes al menos hasta que se resuelvan las medidas cautelares que solicitó a la Justicia contra la petición que prevé el decreto ley.
Ante tal acto, el Gobierno se resigna y se descarga de toda responsabilidad. Son conscientes de que han facilitado los medios para colaborar y éstos han rechazado la mano tendida. Por ello, explican que los principales perjudicados son los aragoneses, según precisa El País en alusión a fuentes monclovitas. Sostienen que los datos requeridos tan sólo repercuten en beneficio de cada territorio, por lo que permitirá que se tenga en cuenta la situación real del sistema de cada comunidad en el momento de ajustar el esfuerzo en términos de acogida.
Sobreocupación
El resto de las autonomías sí han respondido al requerimiento gubernamental, aunque el grueso de ellas ha alegado sobreocupación de las plazas de los centros de menores. Así se dirigieron al departamento que encabeza la dirigente de Izquierda Unida, Sira Rego, aunque para este escenario concreto, resulta más relevante determinar cuántos menores acoge cada región para establecer el número concreto de plazas que debería tener cada una de ellas en función a los parámetros expuestos en el articulado.
La Comunidad de Madrid, que encabezó el levantamiento autonómico, atendió a 2.442 menores en 2024, con una ocupación del 132% de sus plazas. Sin embargo, el Ministerio de Juventud e Infancia estima que Madrid será la región que más menores recibirá, dado que tiene menos plazas disponibles en relación con el número ideal que debería tener, según los cálculos del ministerio. Las proyecciones del Gobierno indican que Madrid debería poder acoger a más de 3.000 menores. La financiación adicional del Gobierno cubrirá a partir de estos umbrales de ocupación.
En Andalucía, en 2024, se atendió a 2.615 menores migrantes no acompañados, con una ocupación del 96,32% de las 6.092 plazas disponibles en su sistema de protección. A pesar de este límite, Andalucía será la segunda comunidad que más menores recibirá, de acuerdo con su población y la capacidad del sistema de acogida. En contraste, Cataluña, que ya cuenta con un sistema más cercano a la capacidad óptima, con 6.450 menores migrantes no acompañados (2.242 menores de edad y 4.208 mayores de edad en prórroga asistencial), recibirá menos menores.
Otras comunidades como Galicia (108% de ocupación), Extremadura (111%), Asturias (100%) y Navarra (102%) han reportado ocupaciones cercanas al 100%. A pesar de su oposición al decreto, algunas comunidades del PP, como Cantabria, han proporcionado sus datos al ministerio. La consejera de Inclusión de Cantabria, Begoña Gómez del Río, indicó que el gobierno cántabro considera inconstitucional el Real Decreto-Ley 2/2025 y defenderá jurídicamente su posición. Por su parte, la consejera de Política Social de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, expresó preocupaciones sobre la transparencia y equidad en la distribución, señalando la influencia de los acuerdos alcanzados con Cataluña.
