La portavoz de igualdad del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, María Pierres, ha advertido durante la comparecencia en Comisión de la secretaria general de Igualdad del gobierno Feijóo, que una de las condiciones del programa de prestaciones periódicas a victimas de violencia de género contraviene el espíritu de la propia Ley. Lo cierto es que si bien el texto normativo recoge que “estas prestaciones intentan contribuir a romper con la situación de violencia y que Ies posibilite dar el primer paso o consolidar la ruptura de una situación en la que corren peligro”, en contrapartida, el punto noveno de requisitos para ser beneficiarias pide: “haber cesado la convivencia con el agresor, o con la persona que mantuviera sobre ella una relación de dominación, en el intervalo temporal de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud”.
La socialista afirmó que esto puede limitar a muchas víctimas, “que ven en esas ayudas la vía para escapar de una situación de dependencia y violencia. Ya que no estamos hablando de romper un contrato con un compañero de piso de estudios, sino con un maltratador”. Asimismo , aseveró Pierres, eso puede conllevar “a que sean ellas las que tengan que abandonar su hogar y su entorno, para poder certificar ese cese”. La idea, insistió la parlamentaria, es saber si estas ayudas “tienen como único propósito la recuperación de víctimas cuando ya lo son, y ya dieron muchos pasos para alejarse de la pareja, o si por el contrario cumplen con el fin de inmediatez y de vía para salir de una situación de dominación para quien es víctima”.
Mayor visibilización de las víctimas
Tras criticar al gobierno que preside Núñez Feijóo, por el “ejercicio poco humilde, de puesta en valor de las ayudas del ejecutivo autonómico”, la diputada aseguró que es necesaria una mayor “visibilización de las víctimas de violencia de género”, ya que los datos de los últimos diez años “ponen de manifiesto que 1 de cada 4 mujeres gallegas sufrió algún tipo de violencia, ya sea puntual o continuada”. Estas cifras desechan, afirmó la parlamentaria, la idea de las denuncias falsas, mostrando que “hay un 80% de las víctimas que ni siquiera denuncian la situación de violencia que están sufriendo”, e instó a la Xunta a promover medidas específicas para “aquellas mujeres supuestamente empoderadas, que también sufren violencia, y a las cuales ese encasillamiento es el que les impide dar el paso para denunciar a su agresor”. Asimismo advirtió de la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad ya que “suponen un 6,7% de las beneficiadas totales de las ayudas” y recordó la amenaza que padecen en el ámbito rural, “las cuales representan el 51% de las mujeres que perciben una ayuda del Gobierno gallego, más de la mitad del número total de mujeres víctimas de violencia de género”.
Para terminar, Pierres, señaló los datos poco optimistas de las políticas del gobierno gallego en materia de trata sexual, ya que muestran que en 2017 “solo hubo dos beneficiarias de las ayudas autonómicas provenientes de la trata sexual, siendo esta la situación más clara de dominación”. Cifra que sorprende, concluyó Pierres, ante los múltiples “casos de desarticulación de redes de trata sexual conocidos en los últimos años”.
