Esta vez no hubo sorpresas. Vox regresó al redil de la concordia pastoreado por el Gobierno andaluz y votó a favor de la ley contra el fraude y la corrupción, que salió adelante ayer en el Parlamento sin ningún voto en contra: los diputados de la izquierda se abstuvieron y los de la mayoría conservadora votaron favorablemente.

Vox también sumó sus votos para sacar adelante un decreto del Gobierno con el que se pone en marcha la Ventanilla Electrónica para agilizar la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones correspondientes.

No es no

En San Telmo no se fían del todo, pero respiran con alivio después de unas semanas con el alma en vilo por la amenaza ultra de retirar su apoyo al Ejecutivo por haber acogido a 13 menores marroquíes. De nuevo las amenazas de Vox han quedado en mucho menos de lo que proclamaban.

Vox sigue reclamando la convocatoria anticipada de las elecciones, pero cada vez con hace con menos vigor: parece haber tomado buena nota del 'no es no' y de la contundencia con que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha defendido la importancia estratégica de agotar la legislatura. Si Vox quiere truncar su mandato tendrá que explicarlo a sus electores, repite el presidente.

El PP y el Gobierno apuntan, en efecto, en la buena dirección: la ultraderecha tendría muchas dificultades para explicar a su parroquia por qué dinamitar la primera gran oportunidad de la derecha de asentarse como primera opción en las preferencias de los andaluces, tras casi cuatro décadas de hegemonía socialista.

El soldado Manuel

El partido de Santiago Abascal regresa a la casa común de las derechas andaluzas y aleja con ello el espantajo del adelanto electoral que agita cada vez con menos determinación. A la vista de lo sucedido ayer en el antiguo hospital de las Cinco Llagas, las órdenes cursadas por Madrid a sus 11 diputados andaluces han cambiado: la hora de apretar no ha pasado, pero sí lo ha hecho el momento de ahogar. 

Quien con más desparpajo ha explicado la relación Vox Andalucía con Vox España ha sido el propio portavoz Manuel Gavira en una reciente entrevista radiofónica: “Yo, lo que me manden: soy un soldado”. La semana pasada, el mismo Gavira que ayer aprobó las propuestas legislativas de PP y Cs afirmaba: "A fecha de hoy el Ejecutivo andaluz no tiene mayoría suficiente para gobernar".

En cuanto a la ley contra el fraude, el portavoz popular José Antonio Nieto se ocupó de recordar uno de los propósitos principales del nuevo texto legislativo: “Reventar las sombras donde se ocultaban casos como los ERE, la FAFFE o la formación”.

El líder de Cs Juan Marín se mostró orgulloso de haber sacado adelante una iniciativa parlamentaria que para el diputado del PSOE Manuel Jiménez Barrios es, en cambio, “una chapuza legislativa" cuyo objetivo político es “volver a hablar del pasado".

¿Caiga quien caiga?

La diputada del PP-A Rosalía Espinosa presumió de que “el Gobierno del cambio está dando la espalda de verdad a la corrupción venga de donde venga y caiga quien caiga", aunque su proclama ética se acomoda mal con la indulgencia mostrada con Javier Arenas, contra el que pesan pruebas abrumadoras de que cobró de la caja b del PP, aunque la justicia está teniendo por ahora dificultades insalvables para demostrarlo y de ahí que no esté imputado.

Su partido no le ha pedido que devuelva el acta de senador por la comunidad autónoma, dando por verosímil la versión del expresidente del PP andaluz según la cual el hecho de que apareciera un Javier Arenas en los papeles de Bárcenas como perceptor de decenas de miles de euros en dinero negro no es ninguna prueba contra él porque “igual en el PP hay otro Javier Arenas”.

Proteger al denunciante

La nueva ley contra la corrupción prevé la creación de una Oficina contra el Fraude, encargada de prevenir, investigar, combatir el fraude y la corrupción, así como salvaguardar el anonimato las personas que se dirijan a ella para denunciar.

La oficina se ocupará de realizar las actuaciones de investigación e inspección, colaborar en la formación en materia de prevención, tramitar las denuncias, tutelar los derechos de los denunciantes y el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores.

La ley contempla la confidencialidad y protección de la persona denunciante y su derecho a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias, con asistencia jurídica y psicológica. El denunciante tendrá derecho a conocer el estado de tramitación de la investigación y recibirá información de los actos y resoluciones dictadas.