La vía de urgencia por la que llegó al Parlamento andaluz la Proposición de Ley para los regadíos del Norte de Doñana ha quedado en nada. Finalmente, y tras una polémica difícil de manejar, el gobierno de Moreno Bonilla asume que la regulación de terrenos no se realizará hasta después de las elecciones municipales del 28M. De nuevo, como pasó en las anteriores autonómicas, lo relativo a Doñana queda en posicionamiento electoral.

Con el rechazo explícito de Bruselas, el PP apuesta por ralentizar los tempos de la Ley. Ahora el proceso se emplaza a la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento, lo que implica agenda para junio y conclusiones en julio, es decir, tras las elecciones. La Junta espera propiciar un acercamiento de posiciones entre la Junta de Andalucía y el Ministerio que dirige Teresa Ribera.

El proceso legislativo acababa de pasar la fase de trámite de enmiendas parciales al texto, es decir, el PP se abría a las aportaciones de agrupaciones civiles y partidos políticos. Sin embargo, esta era una vía muerta, la oposición rechazaba participar en la proposición que PP y Vox defendían y exigían su retirada.

Pugna por un mismo trono

El último episodio de Doñana en el Parlamento, que viene a ser un continuará…  no ha sorprendido a muchos. Tras el varapalo del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, que alertó de la degradación que esta Ley podría suponer para el humedal; y tras el precedente de la anterior tentativa de legalización de cultivos de Moreno que decayó por las elecciones autonómicas, muchas voces advertían de que este capítulo era mera estrategia electoral.

Miembros del Consejo de Participación de Doñana confesaban que la legalización de regadíos en la corona Norte de Doñana era un viaje a ninguna parte. En ese viaje, Moreno Bonilla se ha quedado aislado y enfrentado con parte de los agricultores legales, la comunidad científica, el Gobierno central y hasta con la Comisión Europea. Pero ahora, Doñana también le enfrenta al que hasta ahora era su único compañero de viaje: Vox.

Hoy, el Parlamento de Andalucía evidenció que la unidad entre Vox y el PP está solo en el papel y que Doñana impone una carrera entre ambas agrupaciones por granjearse el puñado de votos –de los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Moguer, Lucena del Puerto y Rociana del Condado– que serían los beneficiarios de la legalización de cultivos ilegales.

Primero, Vox y PP se enzarzan por la autoría de la polémica proposición. El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, enfatizó que fue su grupo quien presentó la Ley primero, algo que Moreno Bonilla denostó como “tufillo electoral”. 

Pero el envite parlamentario llegó con quien aguanta más la presión y el rechazo que propicia normalizar regadíos ilegales en plena sequía, lo que no beneficia a la mayor joya ambiental del país. Vox eleva el tono y acusa al gobierno de Moreno Bonilla de no soportar la presión de “llevar la iniciativa” en cuestiones que no gustan a la izquierda o a Bruselas.

Por ello, dice Gavira, el PP recula de la intención inicial. “Si esta vez se desdicen no tendrán que explicárselo sólo a Vox o a los agricultores del Condado de Huelva, sino a todo el sector primario de Andalucía que mira con mucha atención como acaba todo esto”, dijo Gavira antes de que la Junta admitiera que ralentizará el proceso legislativo.

El relato que propician PP y Vox con esta Ley es que defienden a los agricultores ante “injusticias y desmanes históricos” de Gobierno central y Bruselas. Ambas agrupaciones parlamentarias hablan de Bruselas como si fuera Roma y el Condado de Huelva fuera la aldea de irreductibles galos que resiste numantina ante la metrópoli.

Pero se acercan las elecciones y PP y Vox tienen que rematar la faena y apuntarse el tanto. El gol es cosa de un solo un delantero, de ahí la ruleta rusa, había que demostrar más resistencia que el oponente. En ese sentido, al PP le ha pesado el traje institucional que implica ser la Junta de Andalucía. Vox, en cambio, vuela libre en esa retórica: “Cuando se trata de defender a nuestros trabajadores, lo que digan en Bruselas o lo que diga la izquierda nos preocupa poco”, ha afirmado de manera rotunda Gavira.

Vox hace extensible este posicionamiento a todo el sector primario andaluz, “que ve como, por primera vez desde hace mucho tiempo, se planta cara a los que llevan años amenazando la supervivencia de las explotaciones y la prosperidad de nuestros trabajadores”, que son los mismo que quieren “llevarse nuestras a empresa a otras ubicaciones para contaminar igual o más que en Andalucía, pero con mano de obra esclava”.

Ante el envite de Vox, Moreno se erigía como defensor de los intereses de todos los agricultores de la región, a la par que se definía como “un partido europeísta”, a pesar del difícil equilibrio que implica hoy ese posicionamiento. El presidente andaluz evitó el enfrentamiento dialéctico con Gavira y volvió a dirigir las miradas al Gobierno de Sánchez para declarar que “no se puede proteger ningún espacio natural si no se tiene respaldo social”. Ahora, ese respaldo social del lo deberá obtener el PP mediante la Mesa de la Comisión de Fomento del Parlamento.