Entre los firmantes no hay ningún ningún dirigente del partido en Andalucía hoy en activo, pero sí personas que ocuparon puestos de relevancia en la federación socialista o en las instituciones autonómicas cuando estaban gobernadas por el PSOE. En todo caso, es la primera vez que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se enfrenta a una contestación interna tan coordinada y de tanta envergadura.

Entre los ex altos cargos socialistas que han firmado un manifiesto de rechazo a los cambios que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez en el Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de la malversación no figuran únicamente nombres que ya llevan años alejados de la organización y afines a la órbita conservadora, como Nicolás Redondo Terreros, José Luis Corcuera o Francisco Vázquez, sino también exdirigentes con una trayectoria impecable desde el punto de vista orgánico.

Entre los nombres andaluces contrarios a la reforma penal reclamada por los independentistas catalanes que sustentan la mayoría gubernamental, el más relevante es el del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Manuel Jiménez Barrios, que ocupó el cargo entre 2015 y 2019, con Susana Díaz como presidenta.

Parlamentario autonómico de 2012 a 2022, Jiménez Barrios fue pieza fundamental en distintos equipos de Díaz y quien durante no poco tiempo ejerció de hecho la dirección del Ejecutivo andaluz cuando la presidenta estaba embarcada en la pugna contra Pedro Sánchez por el liderazgo del partido. La expresidenta y senadora no se ha pronunciado sobre la polémica. 

El resto de nombres andauces que firman el manifiesto son de menor relevancia porque llevan mucho tiempo alejados de puestos de responsabilidad y aun de la vida orgánica: el exconsejero andaluz de Agricultura, Cultura y Turismo y expresidente del Puerto de Málaga Paulino Plata, el expresidente del Parlamento andaluz Antonio Ojeda, el exsenador socialista y ex delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Garrido, y el exparlamentario andaluz del PSOE-A y exdelegado de Cultura de la Junta en Sevilla Bernardo Bueno.

Entre los firmantes del manifiesto hay decenas de exalcaldes, exparlamentarios, embajadores, profesores de universidad y personas vinculadas al mundo del Derecho. En total suscriben el texto más de 300 personas y una veintena de entidades.

El documento emitido por la Asociación para la defensa de los valores de la Transición --al que ha tenido acceso Europa Press-- que agrupa a antiguos cargos de distintas fuerzas políticas, rechaza de plano el argumento expresado por el Gobierno que justifica estos cambios para homologar los tipos penales con las principales democracias europeas. 

Así indican que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza el pretexto de que las penas por estos delitos en los países europeos son inferiores a las existentes en España. "Esto no es cierto porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España", sostienen citando los casos de Alemania, Francia e Italia.

Reclaman por tanto la retirada de la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos y piden a las Cortes Generales la tipificación urgente de un delito contra la Constitución "con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas" para evitar un "vacío legal" que pueda dividir "aún más" la convivencia entre españoles.

Consideran que eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación "supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución" y el ordenamiento jurídico actual y que además se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, "lo cual es más lesivo aún que el lucro personal", según defienden.

En la misma línea piensan que es "una burla" hablar de "desinflamación del conflicto catalán" puesto que según advierten todos los condenados "han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo". "Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna en Europa", señalan.

Por último afirman que la Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España y menos sustituirlo por un delito de desórdenes públicos y remarcan que los hechos sucedidos en el año 2017 no fueron desórdenes públicos sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional.

"Con esta reforma del Código Penal se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas", denuncian.