Lo que vale para el jefe de gabinete de la presidenta del Parlamento andaluz jamás valdría para la propia Marta Bosquet. Hoy estaríamos ante un escándalo mayúsculo si Bosquet se hubiera subido el sueldo en 20.000 euros anuales aunque ello no le hubiera costado “ni un céntimo más” al Parlamento por haber reducido de 11 a 10 el equipo que trabaja en Presidencia.
Con 74.859 euros anuales, el afortunado nuevo jefe del gabinete de Bosquet será probablemente el alto cargo político mejor pagado de la Junta de Andalucía, si se exceptúan gerentes y responsables de determinadas empresas públicas.
Percibirá 20.000 euros más que su antecesor en el cargo en concepto de complemento específico porque, según explicó esta semana Ciudadanos, ha tenido que trasladar su residencia desde Almería a Sevilla.
Ni un céntimo más
No obstante, como se vio obligada a aclarar de nuevo ayer Bosquet, el equipo de asesores de la Presidencia de la Cámara autonómica “no va a costar absolutamente ni un céntimo más” porque se ha llevado a cabo esa “redistribución” consistente en contratar a una persona menos de las que conformaban el equipo del anterior presidente Juan Pablo Durán.
Bosquet también se quejó de que el grupo parlamentario Adelante Andalucía, aunque no lo citó expresamente, había hecho “afirmaciones que no son ciertas y que faltan a la verdad total y absolutamente”
Un cálculo erróneo
En efecto, el pasado lunes el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, desvelaba sin faltar a la verdad que el director de gabinete de la presidenta iba a cobrar 44.800 euros en concepto de complemento específico, 20.000 euros más que la persona que lo antecedió en el cargo.
Erró, en cambio, Ganfornina al hacer las cuentas: dijo que el gabinete de Presidencia gastaría en complementos salariales 198.000 euros, frente a los 183.000 de la etapa del socialista Durán. No tuvo en cuenta el portavoz morado que el equipo presidencial se reduciría en una persona, dato al que legítimamente se agarra Bosquet para justificar la subida salarial cercana al 40 por ciento del principal alto cargo de su gabinete.
Contabilidad y política
"Lo verdaderamente importante –recalcó ayer la presidenta- es que los andaluces tengan claro que no les va a costar ni un solo céntimo de euro más".
Si el argumento de Bosquet fuera impecable en términos políticos, como sin duda lo es en términos contables, no habría problema alguno en que cualquier consejero del nuevo Gobierno del PP y Cs o incluso ella misma se subieran su sueldo en 20.000 euros reduciendo en la misma cantidad el coste global de sus equipos, por ejemplo contratando a una persona menos.
Populismo salarial
Parte de los problemas que los dos partidos están teniendo para reclutar altos cargos solventes obedece a que los salarios de los políticos andaluces están a la cola del ranking del Estado autonómico.
Al igual que sus antecesores socialistas, azules y naranjas son ahora víctimas del desenfrenado populismo salarial que abanderaron todos los partidos coincidiendo con la crisis económica y el generalizado descrédito de la política por no haber sabido preverla con tiempo ni gestionarla con equidad.
El controvertido punto 4.5
Como se sabe, el punto 4.5 del paquete de regeneración democrática y lucha contra la corrupción firmado por PP y Cs dentro de su acuerdo programático para gobernar la Junta de Andalucía dice así: "Estableceremos unas tablas salariales que ordenen y socialicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta. Todos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la Nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos".
El presidente del Gobierno central gana 79.756 euros frente a los 66.230 que gana un presidente de la Junta; el sueldo de un ministro es de 78.430 euros, mientras que el de un consejero es de 65.184.
Las interpretaciones
Para el Partido Socialista, la interpretación correcta es que PP y Cs pretenden equiparar los salarios de los altos cargos de la Junta de Andalucía con los que perciben sus homólogos del Gobierno de la nación, que en muchos casos superan a los andaluces en un 50 por ciento.
En cambio, para PP y Cs lo único que persigue ese punto de su acuerdo es acabar con la supuesta maraña de pluses y complementos salariales que perciben determinados directivos.
Aunque la redacción del punto 4.5 es lo bastante imprecisa como para prestarse a diferentes interpretaciones, el texto sí explicita que los sueldos de los cargos andaluces no podrán "superar" a los del Gobierno, lo que autoriza a pensar que sí podrán igualarlos, lo cual podría, en efecto, entrañar importantes subidas salariales.
