Bicicletas del servicio municipal de Sevilla. SEVICI Bicicletas del servicio municipal de Sevilla. SEVICI



Un joven de 25 años tendrá que ingresar en prisión durante seis meses por robar, cuando tenía 18 años, en compañía de un menor, una bicicleta del "Sevici", servicio municipal de alquiler de estos vehículos de Sevilla, asunto por el que incluso ha pedido el indulto al Ministerio de Justicia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, fue dictada en junio de 2010 y consideró probado que A.M.M.D., junto con un menor, cogió en 2008 una bicicleta del "Sevici" sin disponer para ello de la correspondiente tarjeta de alquiler.

En los hechos probados la juez argumentó que ambos cogieron una que se encontraba junto al aparcamiento de bicicletas situado en la calle Pedro de Castro de la ciudad y que "un tiempo no concretado" después fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil cuando circulaban con ella por la A-376.

El escrito agrega que la bicicleta (tasada en 1.200 euros) fue recuperada y que no consta acreditado que fuera el acusado el que fracturó el sistema de anclaje de la misma "causando daños".

La juez le impuso por estos hechos una pena de seis meses de prisión por un delito de hurto.

En los fundamentos de derecho detalló que en su declaración ante la juez reconoció que cogió la bicicleta "que se encontraba tirada en el suelo" y con el sistema de sujeción roto, mientras que en el juicio dijo que la cogió el menor y que no rompieron nada.

Después de esta sentencia, que fue confirmada por la Audiencia Provincial, el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla ha desestimado el recurso de reforma presentado por su defensa para suspender la condena o que se sustituyera por trabajos sociales, y ha fijado la fecha de ingreso voluntario en el 16 de octubre.

En este auto, el juzgado explica que el joven "si bien no es reo habitual, de su hoja histórico penal se constata que la conducta del reo no resulta ser merecedor de tal beneficio" y añade que ya fue condenado en 2010 "delinquiendo inmediatamente después del periodo de suspensión, con lo que los beneficios previstos legalmente no han producido efecto resocializador alguno".

En la petición de indulto al Gobierno, su defensa argumenta que el condenado es ahora padre de familia con dos hijos a su cargo, con una mujer desempleada, por lo que sus ingresos son los únicos que mantienen a su familia, lo que hace que la condena sea en este caso "inidónea para los fines resocializadores"

Además, añade que "se arrepiente del hecho cometido" y por ello aporta una declaración jurada del mismo, lo que entiende que acredita que "su actual situación de inserción se verá perjudicada por un eventual ingreso en prisión".