El abogado especializado en Memoria Histórica y Derechos Humanos Eduardo Ranz presentará este jueves en la Junta de Andalucía un escrito en el que se solicita la retirada de símbolos franquistas y la elaboración de un catálogo de vestigios, tal y como recoge la Ley de la Memoria Histórica. Según ha explicado a Europa Press el abogado, coincidiendo con el 18 de julio, día en el que en 1936 se produjo el golpe franquista, y al caer en sábado, este jueves registrará en la Presidencia de de la Junta una petición en la que se reclama a la Administración regional que proceda a la "adopción inmediata" de las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. El escrito incluye una relación de los símbolos franquistas, como varios escudos en Almería, unos azulejos en la sede del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas de Córdoba, otros escudos en el edificio de Economía y Hacienda y de la Aduana, la Subdelegación de Defensa, el edificio antigua Real Fábrica de Tabacos o el Convento de la Encarnación, entre otros, de Sevilla y también otros símbolos en Utrera. SE INCUMPLE LA LEY DE MEMORIA Ranz expone que con el mantenimiento de los símbolos se está "incumpliendo" la denominada Ley de Memoria Histórica y señala que la misma recoge que las Administraciones públicas deben tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. El abogado también recuerda que la norma recoge que el Gobierno colaborará con las comunidades autónomas y las entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios, algo que no han hecho los ayuntamientos andaluces. Por ello, pide a la Junta que elabore ese catálogo y cree una comisión técnica que establezca las salvedades a la ley, es decir, los casos en los que concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas que obliguen a no eliminar los símbolos. Además, Ranz, que en su escrito solicita una reunión con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para abordar sus planteamientos, quiere que tras la elaboración de ese catálogo éste quede a disposición de los ayuntamientos, "con la finalidad de que sean los consistorios quienes retiren la simbología y redefinan las calles". RECLAMACIÓN A LA NUNCIATURA Ranz piensa hacer lo propio en el resto de Gobiernos autonómicos, a excepción del del País Vasco, que ya ha eliminado los símbolos de la Guerra y el Franquismo, y también ante la Nunciatura Apostólica, sede del Vaticano en España, en lo que se refiere a la simbología presente en los bienes de la Iglesia Católica. Además, el abogado quiere que la Iglesia promueva la salida de los cuerpos de Francisco Franco Bahamonde y de José Antonio Primo de Rivera, que reposan en la Basílica de El Valle de los Caídos; y la de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, enterrado en el interior de la Iglesia de la Macarena, por considerarlos "contrarios al Derecho Constitucional Canónico". Ranz ha recordado que sobre este asunto ya han sido requeridos numerosos alcaldes en cuyos municipios perviven símbolos franquistas y una veintena de arzobispados y obispados.