Para los servicios jurídicos del sindicato USTEA, que dio a conocer los hechos, lo “extraño es que la jueza haya llamado a declarar al profesor y no haya archivado ya la denuncia”.
De lo que no duda el sindicato de izquierdas, según el cual es la primera denuncia de este tipo que se produce en España, es de que la irrupción de Vox y su papel determinante en la legislatura andaluza están propiciando “un mal ambiente de presiones y amenazas veladas en los centros escolares ante cualquier actividad escolar relacionada con la violencia de género".
Como se sabe, los padres de un alumno de segundo de ESO del instituto Luis Carrillo de Sotomayor de Baena presentaron una denuncia ante el juzgado contra los profesores del centro por la proyección, dentro de las actividades escolares, de un documental inspirado en la entrevista de Canal Sur en 1997 a Ana Orantes, quemada viva por su marido tras ver en televisión su testimonio. El caso supuso un punto de inflexión en la percepción social de la violencia machista.
El tutor de la alumna declaró ayer como testigo, no como imputado, en el juzgado de Baena. El propio claustro de profesores del IES confirmó este extremo al aclarar en un comunicado que “ningún profesor del centro ha sido denunciado hasta el momento”. El comunicado del centro cordobés subrayó que la dirección y la asociación de padres y madres “apoyan todas las actividades que se realizan y que están dentro de la normativa”.
"No es razonable"
Todos los partidos salvo Vox se han posicionado en contra la denuncia y defendido las actividades escolares del IES de Baena. Consciente de los problemas que podría ocasionarle irritar a Vox, abanderado de la extravagante tesis de que la violencia de género no existe, el PP andaluz se limitó ayer a comentar que la denuncia de Baena “no es razonable”, al tiempo que defendió el trabajo de los docentes.
Para la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, este caso evidencia que "la perniciosa influencia de Vox se va normalizando por un Gobierno andaluz complaciente con sus desmanes".
En parecidos términos se expresó el portavoz socialista José Fiscal, para quien la denuncia supone "un atraso de muchas décadas". Cosas como esta suceden, según Fiscal, "cuando un gobierno se apoya en un partido como es Vox, de ultraderecha, que no creen en la igualdad de género y la persigue".
"Adoctrinamiento en las aulas"
Sí respaldan a los padres Vox y la asociación HazteOir.org. Para el portavoz ultra en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, los progenitores denunciantes “han sido valientes” al rebelarse contra “el adoctrinamiento en las aulas”. Para Vox es “un atentado contra la libertad el hecho de que los padres no puedan conocer las actividades que van a realizar sus hijos" en el centro educativo.
Para la asociación no menos ultra Hazte Oír, la culpa de lo sucedido es del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos por "mantener las leyes de género y LGTBI, y obligar a los centros educativos a realizar este tipo de actividades dirigidas a menores sin conocimiento de sus padres". Por tanto, “mientras el adoctrinamiento en ideología de género sea una realidad en las aulas es urgente que se implante el PIN Parental en los centros educativos de Andalucía y del resto de España".
Demasiada pasividad
Todo lo contrario opina el sindicato CCOO, que reprocha su pasividad a la Consejería de Educación "ante la campaña del PIN Parental, que ha provocado la primera denuncia a un docente". Pese a no tener recorrido judicial, piensa el sindicato, "este tipo de actuaciones contra el profesorado responden a la pretensión de la ultraderecha española de intimidar al docente y coartar la educación en los valores democráticos que sustentan a una sociedad avanzada en derechos".
Por ello, CCOO exige a la Consejería de Educación, que dirige Javier Imbroda (Cs), que actúe "ante este tipo de campañas ilegales, que incitan a la vulneración de derechos básicos", al tiempo que urge a la Fiscalía General del Estado a elaborar las oportunas “instrucciones para que este tipo de denuncias no sean admitidas a trámite".
