Hasta ahora la transparencia solo se ha exigido a los gobiernos y a las administraciones y empresas públicas; las corporaciones privadas, multinacionales o no, han estado exentas de obligaciones de vigilancia y control sobre sus cadenas de suministro. Pero este “dejar hacer” empezó a cambiar con la ley francesa de 2017 sobre el deber de vigilancia de las empresas para que sus actividades no afecten a los derechos humanos o impacten negativamente al medio ambiente.
En octubre de 2019 un grupo de estados se reunió en Ginebra bajo el paraguas de la ONU para redactar un tratado internacional vinculante para las multinacionales en derechos humanos. Suiza votó en noviembre de 2020 la iniciativa para obligar a las empresas domiciliadas en territorio helvético a que rindan cuentas de los impactos ambientales y sociales de sus actividades. Pese a que el 50,7% de los votantes apoyó la propuesta, ésta no fue validada por los cantones y, por lo tanto, no se incorporará por ahora a la legislación suiza.
No obstante, la disensión entre el voto popular y la capacidad de veto de los gobiernos autonómicos suizos, permitirá al Gobierno federal de Berna aplicar su contrapropuesta: algunas obligaciones de transparencia y un deber específico de vigilancia para la minería y el trabajo infantil. Suiza es la sede de importantes multinacionales como Nestlé, la cementera Lafarge Holcim, la farmacéutica Novartis o la polémica minera Glencore.
Para enero de 2021 está previsto que el pleno del Parlamento Europeo examine el dictamen sobre la propuesta de ley del Comisario de Justicia sobre la regulación del deber de vigilancia de las empresas europeas. Como casi siempre, los planteamientos de los eurodiputados son ambiciosos y quieren extender el deber de vigilancia a toda la cadena productiva de las empresas. Por su parte, el lobby empresarial Business Europe (equivalente a la CEOE en España) plantea excluir a las pymes del ámbito de aplicación de la futura ley.
En los debates por venir en el Parlamento Europeo las posturas están claras. La derecha, el Partido Popular Europeo (PPE) y las organizaciones empresariales coinciden en reducir al mínimo las exigencias de transparencia y vigilancia para las multinacionales europeas, mientras que la izquierda y los verdes están a favor de una norma que obligue a las multinacionales a ser más responsables y transparentes en su funcionamiento.
En España el tema apenas se ha planteado y los partidos y los sindicatos no han dado a conocer todavía sus posiciones.
