Primera estación de penitencia del calvario judicial que le espera al exalcalde de Granada José Torres Hurtado. La juez de Instrucción 2 de Granada da por concluida la investigación del caso Registrador, primera pieza separada de la macrocausa Nazarí de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de la capital. El caso Registrador se refiere a uno de los ocho expedientes urbanísticos en que se dividió la causa.
En la exposición de los hechos, la juez alude a las "importantes irregularidades que se concretarían en la presunta ocupación ilegal para incorporar al local del Registro de la Propiedad" de la calle Tórtola, en el barrio de los Pajaritos de Granada, un patio interior de luces de unos 60 metros". La instructora aparta de la causa a la que fuera su concejal de Medio Ambiente, Telesfora Ruiz.
El auto de la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz sostiene que en la tramitación de este expediente se apartaba a determinados funcionarios para elegir a otros que firmaran los correspondientes informes y trámites administrativos que fueron necesarios para regularizar la obra y conceder la licencia solicitada por el Registro, modificando incluso el PGOU para ello.
Licencia sí o sí al Registrador
En la declaración testifical del funcionario Jacobo de la Rosa, que denunció los hechos, la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto le dijo a él mismo como director de Urbanismo: "Al registrador no se le sanciona y se le da licencia sí o sí y que si sigue así contra el registrador le abre expediente".
La tesis central de la investigación judicial que obligó a Torres Hurtado a dimitir es que en el Ayuntamiento de Granada había una "trama organizada corrupta que, de forma continuada y prolongada en el tiempo, que habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos como directamente a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad".
En el caso Registrador, la jueza procesa a un total de siete personas, entre ellas también la que fuera edil popular de Urbanismo, Isabel Nieto, y antiguos responsables del área. La instructora ve indicios sólidos de posibles delitos de asociación ilícita/organización criminal; prevaricación (común y urbanística); tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y contra la ordenación del territorio.
