Hasta que se haga pública la instrucción del caso que llevó a las detenciones del ya ex alcalde de Granada, José Torres Hurtado, de la edil de Urbanismo y de funcionarios y empresarios granadinos, son muchos los rumores que rodean a esa operación policial. Una acción policial por presunta corrupción urbanística denominada "Nazarí", que acabó con la dimisión del alcalde y su cambio por el socialista Francisco Cuenca.

La sede del PP cuestionada
El secreto de sumario hace que la rumorología y las conjeturas rodeen este caso. Una de ellas han movido hoy los cimientos del Partido Popular. Nunca mejor expresado lo de "cimientos" pues afectarían nada más ni menos que a la construcción de la flamamnte sede del PP granadino y posibles vinculaciones con algún empresario detenido en una hipotética trama urbanística.

Según una exclusiva del diario "Granada Hoy" un gran cartel del promotor Robero García Arrabal (empresario detenido el mes pasado y puesto en libertad con una larga lista de cargos relacionados con la corrupción urbanística) corona el edificio donde el Partido Popular de Granada inauguró en 2013 su nueva y flamante sede. Según este medio provincial esta ubicación allí de la sede del partido de Mariano Rajoy, podría ser casual, pero sin embargo la investigación del Caso Nazarí por una serie de operaciones urbanísticas en los últimos diez años, "incluye la construcción y posterior uso de este inmueble de nueva planta que levantó la empresa de uno de los principales promotores investigados en esta causa". 

Prosigue el medio granadino explicando que este proceso judicial comenzó en enero pasado bajo secreto de sumario ordenado por la juez, tuvo su origen el año pasado con la presentación ante la Fiscalía de dos denuncias, que en un principio no tenían relación alguna y correspondían a operaciones urbanísticas en las que intervenían promotores diferentes. En la primera estaba implicado el empresario José Julián Romero y en la otra el citado, Roberto García Arrabal. La Fiscalía, que participaba entonces en la instrucción de otra causa judicial de este último promotor, el Caso Serrallo, comenzó a unir asuntos cuando escuchó a testigos que hablaban de formas de actuar habituales en el Ayuntamiento de Granada, entonces gobernado por el PP. 

De modo que la Policía, con la participación activa de los agentes de la UDEF, comenzó a hacer averiguaciones sobre otros proyectos, en curso o ya ejecutados , relacionados con los mismos empresarios. 

Detenido en la operación
Roberto García Arrabal fue detenido el mes pasado y puesto en libertad con una larga lista de cargos relacionados con la corrupción urbanística que le fueron leídos por la propia jueza el día de su declaración posterior.  Los asuntos relacionados con este empresario que se están investigando en el Juzgado, además del conocido Caso Serrallo (la construcción de una discoteca sobre terrenos destinados a espacios libres), son la construcción del Pabellón Mulhacén, motivo de una de las denuncias detonantes en Fiscalía antes mencionadas, el proyecto para hacer una residencia de estudiantes en terrenos de uso deportivo del Parque Tecnológico de la Salud y los usos del edificio del Zaidín construido donde antes estaba el colegio Progreso y en cuya planta baja actualmente está ubicada la sede del Partido Popular provincial. 

Ese inmueble se inscribe dentro de un área de reforma de suelo urbano prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de 2001. Esta zona, que se llamó Circunvalación, preveía la creación de una serie de espacios libres y concentraba toda la edificabilidad en unos inmuebles de uso residencial ubicados cerca del Camino Bajo de Huétor y en el gran edificio donde se instalaron las oficinas del PP, casi frente a los cines Vergeles. 

Pero esa construcción no tenía uso residencial, sino comercial. En concreto, lo que el Plan General califica como uso terciario. La interpretación que se ha hecho de la norma a la hora de definir esos usos es lo que se trata de dirimir en este caso, pues además de las oficinas de la planta baja, en el resto del edificio se han construido viviendas, calificadas por la empresa como suites. El proyecto debió de tener las licencias municipales para la actividad a la que se ha destinado. 

Concesiones municipales que se han modificado, así como cambios de usos y otras condiciones de las operaciones urbanísticas desarrolladas por este promotor con el consentimiento expreso del Ayuntamiento de Granada son los elementos comunes que se investigan en cada uno de los casos. 

El cambio de usos de los terrenos y edificios construidos es el factor común que a priori se vislumbra en casi todas las operaciones urbanísticas realizadas por García Arrabal que se investigan, dado que era propietario o concesionario de muchos suelos destinados a equipamientos públicos en la zona Sur de la ciudad. 

El PP lo niega: están de alquiler
El PP de Granada ha recalcado hoy que ocupa su sede en la capital como alquilado y ha subrayado que "poco" tienen que decir ante la posible vinculación de la operación urbanística que permitió su construcción y la investigación por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento granadino. Así lo ha detallado a preguntas de los periodistas el dirigente popular y portavoz en la Diputación, José Robles, que ha subrayado que el PP está en calidad de alquilado en su sede de Granada. 

"Estamos aquí de alquiler, ni nos va ni nos viene", ha sentenciado Robles, que ha apuntado que ocupan los bajos del inmueble como alquilados y que ya se intentó mezclar la construcción de este edificio con otras causas, por lo que lo afrontan con "absoluta tranquilidad". El dirigente del PP ha hecho alusión a la denuncia anónima sobre supuestas irregularidades en la financiación de la sede del PP que se hizo pública en marzo del año pasado y que exponía supuestas aportaciones en dinero 'B' de empresarios y constructores.

Aquella denuncia la recibió en noviembre de 2014 el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien la remitió ese mismo mes al Decanato de los juzgados de Granada y a su colega Pablo Ruz, que el 10 de marzo de 2015 se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que acordó el sobreseimiento provisional de la causa.

En ese momento, el PSOE reclamó al presidente del PP-A, Juanma Moreno, y a la dirección provincial del partido que hiciera públicas todas las facturas, gastos y contratos de compraventa o alquiler vinculados a su sede provincial, una reacción que el PP atribuyó a "los nervios de la campaña" por las elecciones autonómicas de esas semanas.