En su muy recomendable libro ‘Presunción de culpabilidad. ¿Estado de derecho?’ (Almuzara, 2021), el empresario, abogado y economista malagueño Francisco Barrionuevo identifica tres “responsables” de que personas como él mismo sean investigadas durante largos años por la justicia y señaladas públicamente como corruptas: “un fiscal inquisidor que no aplica con rigor el principio de legalidad”; “un partido político que usa la institución de la Acusación Popular con motivaciones espurias”; y “un juez instructor que no aplica el principio de presunción de inocencia que debe imperar”.

A Barrionuevo, procesado en una de las múltiples piezas de la macrocausa de la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía Invercaria, le habría faltado mencionar una cuarta pata de la mesa torcida de la justicia: la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, responsable de determinados atestados con un preocupante volumen de errores, suposiciones y conjeturas presentados como indicios delictivos y asumidos sin reparos por la Fiscalía y el juez instructor.

El empresario malagueño conoce personalmente los fatales efectos de un informe policial deficiente: su imputación en la pieza FIVA se produjo a raíz de la “desacertada elaboración” de un atestado de la UDEF cargado de “errores manifiestos”. Se pregunta Barrionuevo en su libro: “Si hubiera existido un atestado policial sin errores, ¿existiría la causa FIVA?", que es como se conoce judicialmente la pieza sobre el fracasado proyecto tecnológico cofinanciado por la empresa de Barrionuevo e Invercaria.  

Y es que, según el informe inicial de la UDEF, el portal Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) nunca existió ni funcionó, afirmación absolutamente errónea como ¡dos años después, cuando el juez lo autorizó!, certificaría la Policía Científica tras desplazarse a la mercantil Novasoft a instancias del propio investigado: “Algo inaudito ¿no creen? –escribe en ‘Presunción de culpabilidad’–, que sea el propio interesado el que pida reiteradamente que venga la policía a las oficinas de su empresa”.

Aun habiendo quedado demostrado que FIVA existió, todavía “a día de hoy en el diario El Mundo sigue saliendo en los titulares ‘el portal fantasma FIVA’”, se quejaba el pasado 24 de febrero el empresario durante la presentación del libro en el Colegio de Abogados de Sevilla.

Filtraciones sin piedad

Prologado por los decanos del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y del Colegio de Economistas de la provincia, Juan Carlos Robles, el libro de Barrionuevo “pone el foco”, como escribe Robles, “en la judicialización de la vida pública, que se ha consolidado como una forma de hacer política, y realiza un detallado análisis del principio constitucional de presunción de inocencia y de los factores que lo ponen en peligro”.

En la presentación del libro –aparecido en octubre de 2020 pero cuya promoción quedó truncada por la pandemia– también participó el ministro del primer Gobierno de Aznar y editor de Almuzara Manuel Pimentel, cuya opinión sobre el desprecio a la presunción de inocencia no es muy distinta de la de Barrionuevo: “He visto muchas veces cómo cualquier informe de la UDEF o de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) es filtrado a la prensa sin piedad, deformado; lo he visto una y otra y otra vez y conozco el dolor que eso genera a mucha gente”.

Cuenta Barrionuevo en el libro, y lo recordó en la presentación, que se enteró de su imputación por la prensa. No es el único investigado que ha dicho lo mismo y ha sido por ello víctima inerme del sarcasmo de políticos, periodistas y fiscales. “Me considero un hombre con buena suerte, tanto en la faceta personal como en la profesional. Sin embargo, en 2012 todo cambió en mi vida cuando vi mi nombre escrito en un titular nefasto de la edición digital de ABC de Sevilla”, escribe el empresario en el prefacio de la obra.

“Absolutamente erróneo”

Exactamente lo mismo podría haber escrito una década después Juan Carlos Martínez, quien el pasado 18 de febrero también se enteró por el mismo periódico de que estaba siendo objeto de investigación y que un informe de la UDEF lo acusaba de intervenir y lucrarse en la concesión de ayudas públicas a la empresa automovilística Santana Motor, de la que un hermano suyo fue presidente.

La información sobre Martínez, marido de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, encabezaba la portada del diario conservador el mismo día en que se publicaba, y con ello abrían casi todos los periódicos y programas de radio y televisión, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admitía que su hermano había cobrado 55.000 euros de la empresa de un amigo íntimo de ambos a la que el Gobierno madrileño adjudicó al inicio de la pandemia un contrato de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas de China.

Al igual que sucediera diez años atrás con el atestado de FIVA, pero también con otros posteriores, el informe de la UDEF sobre Juan Carlos Martínez está sorprendentemente plagado de errores de bulto y aun de conjeturas temerarias que su abogado, Manuel Pérez Cuajares, ha puesto negro sobre blanco en el escrito de alegaciones que dirigió el pasado 2 de marzo al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. De tan grueso calibre entiende Cuajares que son las falsedades contenidas en el atestado que en su escrito solicita que “no se dirija proceso alguno” contra su patrocinado y que ni siquiera “se le llegue a tomar declaración como investigado”.

Recibido por la prensa conservadora con titulares tan impúdicamente tendenciosos como ‘El marido de la directora de la Guardia Civil arremete contra la Policía’ o “se presenta como víctima de una persecución de la Policía”, el escrito constata errores que parecen evidenciar una escalofriante falta de diligencia profesional por parte de los agentes que redactaron el atestado. Estos son algunos de dichos errores:

–“Absolutamente erróneo que trabajase nunca en la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía”. “Totalmente erróneo que haya desempeñado el cargo de Secretario de Estado de Política Territorial y Función pública del Ministerio de Política Territorial”. “Absolutamente erróneo que haya trabajado en la Consejería de Empleo”. “Absolutamente incierto que haya sido jefe de gabinete de D. Antonio Fernández García [exconsejero de Empleo condenado en el juicio de los ERE]”. “Nunca ha desempeñado cargos públicos relevantes”.

Sospecha policial, absolución judicial

Además de la coincidencia de haberse enterado ambos por la prensa de que al parecer eran unos presuntos delincuentes, Francisco Barrionuevo, Juan Carlos Martínez y tantos otros de quienes, en palabras del exministro Pimentel, “se han filtrado sin piedad informes policiales deformados”, comparten la triste condición de “personas sospechosas mientras no demuestren su inocencia”, que es la frase que utiliza Barrionuevo en su libro para describir la diabólica paradoja de que no son los investigadores quienes han de demostrar que los investigados son culpables, sino éstos demostrar que son inocentes.

La lista de atestados policiales que en Sevilla han dado pie a interminables investigaciones judiciales que han acabado en la absolución de los procesados debiera ser motivo de inquietud para la propia justicia. De hecho, Barrionuevo elevó un escrito a la Fiscalía General del Estado a propósito de la “innecesaria judicialización del capital-riesgo público” en Andalucía y reclamando de dicha instancia “una investigación interna en la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla”.

Causas como la de la venta de terrenos de Mercasevilla, los préstamos de Invercaria a la diseñadora Juana Martín o la contratación y supuesto trato de favor en Invercaria a Juan María González, sobrino del expresidente socialista Felipe González, han acabado en absoluciones contundentes, sí, pero no lo bastante sonoras como para silenciar los ecos derivados de haber estado durante años bajo sospecha. Basta hacer una simple búsqueda en Google para constatar que acusaciones o meras imputaciones generan cientos de miles de resultados más que las absoluciones: al fin y al cabo, éstas son noticia de un día y aquéllas lo son de muchísimos.

En el caso de Juana Martín, el informe de 2014 de la UDEF sostenía que la diseñadora había recibido de Invercaria 850.000 euros sin atender a los procedimientos establecidos para ello y por decisión del presidente de la sociedad de capital riesgo, Tomás Pérez Sahuquillo, cuya esposa, deslizaba el informe, fue invitada a un viaje a Marruecos por la empresa de Martín. Sahuquillo, por cierto, sí acumula dos condenas de la Audiencia, ambas recurridas, una de ellas por haberse subido el sueldo y otra por la concesión irregular de un préstamo de 100.000 a la empresa de aceitunas Tatis.

Siete años después, en julio de 2021, la Audiencia de Sevilla absolvía a la prestigiosa modista cordobesa: no hubo nada penalmente reprochable en los préstamos ni hubo desviación o menoscabo de fondos públicos, pues la iniciativa empresarial cofinanciada por Invercaria fracasó por la crisis económica desencadenada en 2008, no porque el proyecto de Martín no mereciera apoyo público. “Han sido nueve años de sufrimiento y constantes agresiones a mi imagen, persona, trabajo y familia. Ha sido un daño incalculable”, declaró la diseñadora tras su absolución.

El ecosistema judicial sevillano

Absuelto en noviembre pasado, Juan María González también se ha pasado largos años atrapado entre la espada de la justicia y la pared de unos medios conservadores que no conocen la piedad cuando sus víctimas tienen o han tenido relación familiar, política o meramente profesional con el Partido Socialista, pero se muestran descaradamente indulgentes y hasta evangélicos cuando los protagonistas se apellidan, pongamos por caso, Díaz Ayuso.

La UDEF sostuvo en uno de sus atestados que Juan María González había sido en Invercaria “un trabajador fantasma o intruso, es decir, que, constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva". ¿Realmente eran necesarias decenas y decenas de diligencias para demostrar algo tan fácil de demostrar como que González sí trabajaba donde su nómina decía que trabajaba? Ni Policía, ni Ministerio Fiscal, ni Juzgado de Instrucción, ni por supuesto Acusación Popular, han hecho bien su trabajo, ya que de haberlo hecho la sentencia absolutoria no habría concluido que el caso carecía de "traducción jurídica o penal" o que era "irrelevante a efectos penales”.

También fue llamativo, aunque el caso está pendiente de juicio tras haber superado dos archivos, el atestado de la UDEF que dio pie a la causa por la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar. La inconsistencia jurídica del informe evidenciaba, cuando menos, las limitaciones profesionales de los investigadores al tener que habérselas con materias tan complejas como la legislación internacional sobre explotaciones mineras o tener que traducir al lenguaje penal irregularidades o deficiencias meramente administrativas relativas a asuntos tan abstrusos para un profano como volúmenes de agua, balsas de residuos o sistemas de depuración.

Sin embargo, que la UDEF no haya hecho demasiado bien su trabajo en determinados casos de Sevilla que han tenido mucho bombo mediático y político no significa, obviamente, que ésa sea la norma del cuerpo, y ello a pesar incluso de que su ya excomisario jefe José Luis Olivera –‘tronco’ del comisario José Manuel Villarejo– haya acabado imputado en el caso Kitchen, urdido desde el Gobierno de Mariano Rajoy. Reténgase, pues, bien en la memoria que sin el buen trabajo de los agentes de la UDEF nunca habría habido caso Bárcenas ni otros muchos casos de corrupción política, saldados con fuertes condenas.

Entonces, ¿qué tiene Sevilla que no tengan otras demarcaciones? Abogados de algunos imputados o procesados sostienen que “Sevilla es un ecosistema judicial muy particular”. Francisco Barrionuevo describe tal ‘ecosistema’ en su libro, con el que intenta poner en cuestión “la denominada inercia procesal y la situación que está viviendo la judicatura sevillana, donde se intenta judicializar todo lo llevado a cabo por el anterior Gobierno, y lo que es peor, ponernos la etiqueta de ‘colaboracionistas del Régimen’ a los empresarios que de un modo u otro hemos desempeñado nuestra profesión con honestidad”.

No en vano, el libro de Barrionuevo plantea una y otra vez en sus páginas que si todas las entidades públicas de capital riesgo, estatales o autonómicas, fueran sometidas al implacable escrutinio judicial que lo ha sido Invercaria, los juzgados del Reino de España no darían abasto, dado que la mecánica de funcionamiento y la legislación que rige todas ellas es similar, como similar y aun mayor es el porcentaje de proyectos fallidos cofinanciados con dinero público de capital riesgo pero cuyos promotores nunca se han desayunado con un titular que los señalara como malversadores, prevaricadores o traficantes de favores políticos.

La memorable película ‘French Connection’ relataba una trama de tráfico de drogas en la que no faltaban los policías corruptos. Años después Los Morancos protagonizarían una mucho menos memorable parodia titulada ‘Sevilla Connection’. En la primera, todo era conspiración, en la segunda, todo chapuza. Imposible por ahora saber cuánto hay de una y cuánto de la otra en el ecosistema judicial sevillano, pero la experiencia histórica demuestra con apenas margen de error que somos un país mucho más diestro y experimentado en la chapuza que en la conspiración.