Desde que se produjo por primera vez dicha acción me he preguntado por su sentido, y he querido interpretarla no como un ataque a la sede donde reside la soberanía popular, sino como una expresión de impotencia ciudadana ante quienes son nuestros representantes, los que nosotros elegimos de modo directo y en consecuencia a aquellos a los cuales podemos exigirles también una responsabilidad directa. No estaría mal, si esa interpretación es la correcta, que hubiéramos visto también alguna protesta ante la sede del Senado o ante los parlamentos autonómicos. No obstante, me sorprende al mismo tiempo la insistencia en una misma dirección, en dirigirse hacia aquel sector del cuerpo político en el que todos tenemos una responsabilidad directa, por acción, cuando los elegimos, o por omisión, cuando emitimos un voto en blanco o nos abstenemos.
Desde mi punto de vista, una vez manifestada la protesta ante los representantes legítimos de la ciudadanía, aunque solo sea para llamar su atención, los responsables de estos hechos deberían dirigir su vista también hacia otras instituciones. Así, no entiendo que aún no se haga un llamamiento a cercar La Moncloa, donde se residencia el núcleo fundamental del poder ejecutivo, responsable de las iniciativas legislativas que se han puesto en marcha en los últimos meses. O al menos, podría haber protestas ante las sedes de los ministerios económicos (o no digamos ante el de Educación), o incluso ante la embajada de Alemania, ya que consideramos que todos los males y obstáculos vienen de ese país.
Pero podríamos seguir. Aún no he visto ninguna protesta ante la sede de la Bolsa, y eso que en Madrid queda bien cerca de la zona elegida para rodear el Congreso. Tampoco ha habido concentraciones ante las sedes centrales de los grandes bancos, en ninguno de ellos, ni en los que aún obtienen beneficios ni en los que se hallan en crisis o han sido nacionalizados. Asimismo, ninguna voz se ha escuchado ante la sede dela Conferencia Episcopal, a pesar de que la iglesia católica seguirá recibiendo una importante asignación del Estado, en la cual no ha habido recortes como en otros sectores públicos, y ni siquiera se ha visto una tímida acción ante las sedes episcopales.
Es más, nadie fue a rodear la sede del Consejo General del Poder Judicial a pesar de las presuntas irregularidades cometidas por su presidente, ni parece existir descontento con los sueldos astronómicos que se mueven en el mundo del fútbol, a veces gracias al dinero procedente de las arcas públicas a través de las televisiones.
Y así podríamos seguir y añadir otras muchas instituciones que no se han visto rodeadas. Pero cuando los ciudadanos son llamados a las urnas, sea en Galicia o en el País Vasco, acuden de nuevo a votar. Los responsables de las convocatorias, pues, deberían empezar a pensar en otras formas de protesta, porque hasta ahora, además de una injustificable acción policial, lo único que se consigue de forma clara es una contribución al descrédito de la política, entendida como actividad donde se negocia, se acuerda y se parlamenta. Cuando la política resulta desacreditada, con independencia de la responsabilidad que compete a quienes están en la actividad pública, nunca nos hemos encontrado con una salida favorable a la ciudadanía y a la democracia, sino que el camino nos ha conducido, mediante un rodeo, a situaciones indeseables.
