Riotinto en 2004 y Guadalajara 2005 fueron los dos incendios más pavorosos ocurridos en el nuevo siglo que había arrancado unos años antes. En ambos, el Partido Popular vio una oportunidad política para desgastar a los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero en España y de José María Barreda y Manuel Chaves en Castilla-La Mancha y Andalucía. Todo valía entonces para un PP que todavía respiraba por la herida del 11-M.
Han tenido que pasar varios lustros y otros tantos relevos gubernamentales para que los incendios forestales hayan sido aparcados como arma arrojadiza contra el adversario. Hoy, con las cosas de arder no se juega. No sucedía lo mismo años atrás. La batalla política en torno al incendio de Guadalajara fue feroz y sin cuartel; la vinculada al fuego de Riotinto tampoco dio tregua a la entonces consejera de Medio Ambiente Fuensanta Coves.
En el incendio que desde el jueves está devastando un perímetro de 9.000 hectáreas a las puertas mismas del Parque Natural de la Sierra de Aracena, la política ha sabido quedarse a un lado. Baste recordar que ayer sábado la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, comparecían conjuntamente ante los medios para recalcar la coordinación que está existiendo entre ambas administraciones para hacer frente al incendio de Almonaster La Real.
Peor que el Prestige
Las diputadas del PP en el Congreso María Salom y Carolina González Vigo no se pararon en barras: para ellas, el incendio andaluz de Riotinto -con un perímetro de más de 34.000 hectáreas, de las que unas 27.000 fueron devoradas por el fuego- había sido peor que el vertido tóxico de la balsa de Aznalcóllar y no menos grave que el hundimiento del Prestige que contaminó de chapapote las costas gallegas.
La diputada Salom acusó a la Junta de Andalucía de “manipular la información y minimizar el incendio y sus efectos”, además de poner como ejemplo de buena gestión a la Xunta en Galicia, donde al parecer los incendios tenían “menos consecuencias” y suponían “un menor desastre ecológico” que en la Andalucía socialista.
En esta comunidad, el PP que entonces lideraba Javier Arenas y sus medios afines insistían en culpar al Gobierno de Manuel Chaves, al que acusaron de negligencia y hasta de haber mentido a la hora de contabilizar la superficie efectivamente quemada: la Consejería de Medio Ambiente destacaba el dato de las hectáreas devastadas, mientras que la derecha prefería el dato del perímetro total del incendio.
"Fracaso político total"
El catastrófico incendio de Riotinto del verano de 2004 afectó a seis localidades de Huelva y cinco de Sevilla y en él murieron dos personas cuyo vehículo quedó atrapado por el fuego. Además de los graves daños medioambientales, también los hubo económicos, pues pequeños propietarios de El Berrocal y El Madroño, dedicados al aprovechamiento del corcho, lo perdieron todo.
Entonces no hubo tregua por parte del PP, que reclamó en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación. Aunque la iniciativa contó con el respaldo de IU y el Partido Andalucista, la mayoría absoluta del PSOE la bloqueó.
Para el PP, Riotinto había evidenciado “el fracaso de toda la política medioambiental de la Junta y la nefasta dirección política" de la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. También proponían Arenas y los suyos investigar el funcionamiento del Plan Infoca "antes, durante y después" del fuego y conocer "dónde estaban" los 1,8 millones de euros del plan forestal "que se le han quitado a la zona".
La ofensiva conservadora no se circunscribió a Andalucía. En pleno mes de agosto de 2004, la Diputación Permanente del Congreso rechazaba la comparecencia, solicitada por el PP, de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para informar sobre las medidas de coordinación adoptadas con las Comunidades Autónomas para luchar contra los incendios forestales.
Pero la utilización política del fuego por parte del PP no tenía lugar solo cuando se producían grandes incendios, como el de Riotinto en 2004. Un año después un fuego arrasaba 450 hectáreas en Moguer y tanto su acalde, el popular Juan José Volante, como otros dirigentes del PP culparon directamente a la Junta por “dejadez de funciones, irresponsabilidad y negligencia”.
Una juez amiga en Guadalajara
Pero donde el PP ‘lo dio todo’ en su feroz ofensiva para sacar rendimiento político del fuego fue con ocasión del incendio de Guadalajara, en julio de 2005, en el que fallecieron 11 miembros de un retén que quedaron atrapados por las llamas.
El PP quiso llevar a la cárcel a 18 personas, entre ellas la entonces consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha Rosario Arévalo, para quien pidió tres años de cárcel por imprudencia con resultado de homicidio, pese a que la causa del fuego estuvo bien determinada desde un principio: la barbacoa que encendió un vecino de la zona y que el viento descontroló fatalmente.
En 2010, la justicia corregía a la segunda juez que instruyó la investigación y que, con el respaldo de la entonces presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, Concepción Espejel, -"Concha", la llamaba públicamente la dirigente popular Dolores de Cospedal- procesó a varios funcionarios y políticos socialistas castellano manchegos.
El caso recayó en principio en el juzgado de Sigüenza, cuya titular, Concepción Azuara, descartó implicar a los políticos en el procedimiento. En 2008, cuando había solicitado concluir la instrucción antes de su traslado, fue sorprendentemente removida y sustituida por la juez María del Mar Lorenzo, quien cambió radicalmente de criterio solicitando nuevos informes y contrainformes periciales que más tarde la sentencia absolutoria calificaría de “inútiles”.
Lorenzo contó con el respaldo entusiasta de 'Concha' Espejel. Cuando esta dejó el tribunal de Guadalajara para ocupar una plaza en el CGPJ promovida por el Partido Popular, la Audiencia Provincial sí rechazó el procesamiento de los políticos. Espejel acabaría siendo apartada del caso Gürtel por su afinidad política con el PP.
