El presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, también senador y presidente provincial del PP, incurrió en una "desviación de poder" al suspender un concurso de méritos para la provisión del puesto de secretario general de la institución y modificar la Relación de Puestos de Trabajo para nombrarlo a dedo. Así lo establece una sentencia de la Sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirma en todos sus extremos, una resolución anterior, que revocaba la decisión de Pérez de anular el concurso para cambiar el sistema de selección del puesto de secretario, que es el garante del cumplimiento de la legalidad. El fallo judicial supone un revolcón para Sebastián Pérez al considerar acreditado que existió desviación de poder y un daño intencionado a los méritos del aspirante que recurrió la decisión de Sebastián Pérez. “Objetivamente existen indicios claros de un animus nocendi”, es decir, un propósito de dañar o perjudicar a un candidato concreto, indica la sentencia. Además, el tribunal considera que la resolución dictada por el presidente de la Diputación vulnera la Constitución y conculca los principios de igualdad, méritos y capacidad. La decisión de Pérez, dice la sentencia, que ha avanzado hoy La Voz de Granada, impidió “sin causa legal, que el puesto convocado se consiguiera conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad”. La sentencia del TSJA desestima el recurso que interpuso la Diputación contra la sentencia que anulaba la resolución del presidente de la Diputación de suspender el concurso de méritos para cubrir el puesto de secretario. Sebastián Pérez suspendió la fase de valoración de méritos para cubrir la plaza de secretario en una resolución dictada por la Presidencia el 4 de octubre de 2011, a los pocos meses de que el PP accediera al gobierno de la Diputación. Dos años después, convocó un pleno extraordinario para declarar lesivo el sistema de selección del secretario, una decisión a la que la Administración solo suele recurrir en casos excepcionales, cuando existen evidentes perjuicios para los intereses públicos. Ahora, el TSJA le ha dado un revés al confirmar que la resolución que dictó de suspender el concurso de méritos y sus decisiones posteriores constituyen una desviación de poder.