La derecha española, ya sea la democrática del PP o la predemocrática de Vox, siente como un agravio en carne viva las políticas de memoria democrática. Por eso el pasado 31 de octubre el PP no acudió al primer acto conmemorativo del Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura de Franco, celebrado en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid, con la presencia casi en pleno de todo el Gobierno de España.

En Sevilla, los medios situados en el espectro conservador siempre se refieren a Queipo de Llano como “el general” o, como mucho, “el general franquista”, jamás como “el general golpista” ni, por supuesto, como el “criminal de guerra”, cuyos restos han sido exhumados discretamente esta madrugada de la basílica de la Macarena. El vocabulario del PP tampoco pasa más allá de “general” cuando menciona al espadón de Tordesillas.

Tal uso del lenguaje es un prueba más de que todavía está casi todo por hacer en la justa evaluación y asunción de nuestro pasado. Dos décadas después de iniciarse el movimiento memorialista impulsado por los nietos de las víctimas, la derecha no cree que lo ocurrido el 18 de julio de 1936 fuera un golpe de Estado en sentido estricto; para ella fue una reacción justa y proporcionada a las políticas disgregadoras de la República y al sueño bolchevique de unas izquierdas que ya habían intentado sin éxito hacerlo realidad en 1934. ¿Y Queipo? Para ella, Queipo fue el hombre providencial que salvó a Sevilla. ¿Que pudo haberse excedido en su celo militar? ¿Y qué general no se excede en el fragor de cualquier guerra, pero mucho más en una en la que está en juego la supervivencia misma de la Civilización Cristiana Occidental?

La exhumación de los restos del despiadado conmilitón de Francisco Franco es, ciertamente, una victoria del movimiento memorialista, pero es una victoria pírrica: pírrica no en la acepción de haberse logrado con más daño del vencedor que del vencido, sino en la de alcanzarse por un margen muy pequeño y con gran desproporción entre el esfuerzo desplegado y el valor de lo conseguido.

Victoria pírrica porque han hecho falta tres leyes y veinte años de movimiento memorialista para que el sanguinario criminal de guerra deje de estar enterrado en el lugar de honor de la iglesia de una hermandad sin que, en todo este tiempo, 1) la Iglesia, 2) la hermandad y 3) la propia ciudad de Sevilla se hayan sentido incómodas por el hecho de que un tipo con ese historial reposara sin apenas contestación en el preeminente lugar donde lo ha venido haciendo desde la década de los 50.

Desde hace años, las elecciones en Sevilla oscilan a veces a favor de la derecha y a veces a favor de la izquierda, lo que evidencia una especie de empate técnico entre ambas. El mismo empate técnico que hay, a su vez, en España. Pues bien, es muy probable si no seguro que la mitad de sevillanos, la que vota a la derecha, hubiera preferido que Queipo siguiera donde estaba porque lo hecho hecho está, porque no hay que desenterrar el pasado, porque no hay que remover heridas…

En principio, con las leyes de memoria debiera ocurrir lo que ha ocurrido con la ley del tabaco o la ley del matrimonio homosexual desde fechas recientes o con la ley del divorcio desde hace más de cuatro décadas, que se han incorporado a nuestra normalidad como sociedad, hasta el punto de que nadie se plantea hoy derogarlas o boicotearlas. Con la memoria, cuya última ley acaba de aprobarse, no sucede lo mismo: estamos donde estábamos en el año 2000 cuando arrancó el movimiento memorialista, donde estábamos en el año 2007 cuando se aprobó la primera ley estatal y donde estábamos en el año 2017 cuando se aprobó la ley andaluza. 

La derecha no es hoy más sensible con las víctimas de las cunetas o más empática con el dolor de sus familiares. Otras leyes que inicialmente no le gustaban y que incluso recurrió ante el Tribunal Constitucional las asumido con cierta deportividad; las leyes de memoria, no. Nunca. Jamás. 

Quien piense que esa actitud de rechazo es un problema de la derecha se equivoca. Lo es de la derecha, sí, pero también de la izquierda y, en consecuencia, de todo el país, que no se habrá reconciliado ni saldado cuentas con su propio pasado mientras la mitad de su población se niegue a admitir que haya nada con que reconciliarse o que saldar. 

Salvo una más que improbable victoria electoral de Vox, podemos estar seguros de que ningún gobierno del futuro derogará las leyes del aborto, del divorcio o del matrimonio homosexual, pero no podemos estarlo de que Queipo y otros golpistas como él nunca volverán a gozar de honores públicos.